El titular de la cartera de Hacienda cuestionó el uso del Tribunal Constitucional para impugnar decisiones de política pública del Gobierno, en medio de la controversia por los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en su intervención en Enade 2026, cuestionó que se recurra al Tribunal Constitucional para impugnar decisiones de políticas públicas y advirtió que esa práctica podría tensionar la institucionalidad y retrasar la reactivación del sector construcción.
"Respaldamos absolutamente la institución del Tribunal Constitucional, entidad llamada a resolver nuestras más altas controversias que conciernen al Estado de Derecho", afirmó en su discurso.
Pero advirtió que no todas las diferencias deben trasladarse a esa instancia. "Porque si vamos a empezar a llevar cualquier nueva decisión de política pública a la sede del Tribunal Constitucional, lo que vamos a hacer es traumatizar nuestra vida pública y tensionar una institución que tiene un rol tremendamente importante que cumplir", aseguró.
La controversia surgió luego de que parlamentarios opositores, alcaldes y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, recurrieran al Tribunal Constitucional para impugnar los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que buscan facilitar la construcción de viviendas más pequeñas y económicas.
La acción judicial genera incertidumbre en el sector inmobiliario, que comenzaba a reactivarse gracias a la reducción del stock y a incentivos como el subsidio a la tasa hipotecaria y beneficios tributarios.
En ese escenario, el ministro de Hacienda cuestionó que “el TC no es la sede para discusiones de mera legalidad, particularmente decretos en este caso que han sido tomados de razón después de un largo periodo de consulta".
"Para eso están los tribunales ordinarios, las Cortes y la Constitución", agregó y reiteró que del TC “respaldamos sus decisiones. Las acataremos siempre, por supuesto", afirmó.
El secretario de Estado remarcó que “sabemos que eso va a retardar la reactivación de construcción que esperamos ver en noviembre hacia adelante. Esa es la consecuencia de esa acción".
“El Tribunal Constitucional está llamado en nuestro orden jurídico y económico a resolver las más altas controversias concernientes al Estado de Derecho y no a traumatizar la vida social impugnando cada decisión de política pública del Gobierno", finalizó en su declaración.
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