Durante la presentación de la nueva subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, el ministro Carlos Montes se refirió extensamente al caso Convenios. También abordó los nuevos casos que vinculan al Ministerio de Vivienda con fundaciones a lo largo del país
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Durante la presentación de la nueva subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, el ministro Carlos Montes se refirió extensamente al caso Convenios, que involucra a funcionarios de su cartera -en su mayoría militantes de Revolución Democrática- en la firma de millonarios contratos con diversas fundaciones.
Al ser consultado por las declaraciones realizadas este sábado por la diputada Catalina Pérez (RD), quien aseguró su inocencia a través de un video, el jefe del Minvu prefirió no reaccionar a sus palabras.
“Yo no voy a opinar sobre Revolución Democrática, ni sobre las declaraciones, pero sin lugar a duda hoy día hemos tenido que destinar tiempo y preocupaciones a enfrentar las acciones de algunas personas inescrupulosas de algunos delitos que probablemente se han cometido dentro del ministerio”, declaró Montes.
Para el secretario de Estado, la prioridad hoy en día es alcanzar el objetivo propuesta por el Presidente Gabriel Boric de construir y entregar 260 mil viviendas durante su Gobierno, lineamiento que comparte la subsecretaria Elgueta.
“Se está perdiendo tiempo valioso en solucionar los problemas habitacionales. Esto nos da mucha rabia porque estamos dedicando demasiado tiempo a una tarea que no debiera ser lo central, debiéramos estar dedicados a responderles a las familias que no tienen vivienda porque es la tarea”, comentó la autoridad de Vivienda.
NUEVAS INVESTIGACIONES
El ministro Montes también se refirió a los nuevos casos que vinculan al Ministerio de Vivienda con fundaciones a lo largo del país, los cuales se suman a los traspasos realizados por la Seremi de Antofagasta a la fundación Democracia Viva por 426 millones de pesos.
Por un lado, la Fiscalía del Maule investiga los pagos realizados por la Seremi de la séptima región a la ONG Urbanismo Social, los cuales ascienden a 577 millones.
Por otra parte, se indaga un convenio firmado entre la Seremi de Atacama y la fundación Comprometidos, que alcanza los 128 millones.
“Estamos investigando y reuniendo antecedentes preliminares en el caso del Maule y ahora en el caso de Atacama. A partir de todo esto, vamos tomando y proponiendo decisiones. Hay muchas tareas ligadas a lo que ha ocurrido, para colaborar con lo que está haciendo la justicia”, explicó el ministro de Estado.
“Nosotros queremos perfeccionar todo el programa que tiene que ver con los campamentos y con los asentamientos precarios, para seleccionar los proyectos, para adjudicar a instituciones, asegurar rendiciones oportunas y adecuadas”, agregó.
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