Fernando Rabat disipó las dudas surgidas tras el instructivo de Hacienda que solicita un recorte presupuestario del 3% a todas las carteras.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, reiteró que existe “total continuidad” en el Programa de Derechos Humanos, disipando las dudas surgidas tras el instructivo de Hacienda que solicita un recorte presupuestario del 3% a todas las carteras.
En entrevista con radio Cooperativa, el secretario de Estado manifestó que "lo que evidentemente ha sido una preocupación en estos días, y con justa razón, respecto a lo que se refiere al Programa de Derechos Humanos, no se va a modificar la asignación presupuestaria que le va a corresponder en la Ley de Presupuesto siguiente, y en eso hemos sido también extremadamente claros".
La autoridad explicó que el programa, dedicado a la búsqueda de justicia, verdad y reparación para víctimas de crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) no estará incluido en el ajuste presupuestario, el que “se concentrará en áreas como infraestructura, viáticos y horas extraordinarias, sin tocar la asignación presupuestaria de los programas de Derechos Humanos ni de servicios esenciales como el Registro Civil o el Servicio Médico Legal”.
Creado en 1997 en el Ministerio del Interior para continuar la labor de la Comisión Rettig, el Programa de Derechos Humanos fue traspasado en 2016 a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Rabat informó que “el Programa de Derechos Humanos se encuentra en una fase de ajuste tras ser retirado de Contraloría para integrar comentarios de 81 reparticiones estatales. El plazo vence hoy y esperamos reingresarlo pronto", indicó, comparando los tiempos de tramitación con administraciones anteriores.
Respecto al Plan Nacional de Búsqueda, el ministro descartó “cualquier debilitamiento tras la salida de algunos funcionarios”. Confirmó la contratación de nuevos profesionales de "primer nivel" para las áreas judicial y de memoria histórica, y anunció reuniones con ministros en visita para coordinar los procesos penales.
"Es decir, hay total continuidad en lo que ha sido el Programa de Derechos Humanos", aseguró.
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