El titular de Justicia señaló que las acusaciones constitucionales contra los jueces de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz “dejan precedentes complejos” y generan un “impacto desde el punto de vista de la gestión de la Corte”.
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El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que a la aprobación de la acusación constitucional contra los ministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco se hizo conforme a derecho y a las facultades del Poder Legislativo, pero advirtió que “dejan precedentes complejos” y generan un “impacto desde el punto de vista de la gestión de la Corte”.
“Estas seguidillas de acusaciones, pero particularmente estas que se resolvieron ayer, dejan precedentes complejos en dos sentidos, uno que tiene que ver con cómo se tramitaron ambas acusaciones constitucionales en un mismo texto respecto de hechos distintos en la Cámara de Diputados”, sostuvo en entrevista con radio Duna.
Lo segundo es que “el impacto de los resultados de la acusación constitucional no es simplemente la remoción de dos jueces (…) sino que además tiene un impacto desde el punto de vista de la gestión de la Corte”.
Junto con destacar que Sergio Muñoz fue un juez “muy relevante, dada la trayectoria y sobre todo el rol que ha cumplido en la Corte”, relevó el hecho de que fue el ministro de la Corte Suprema más joven en llegar al alto tribunal, con 48 años de edad.
Junto con ello, destacó que “era un ministro que tenía muchas disidencias, es decir, en una cantidad importante de ocasiones no seguía la mayoría de su sala. Y creo que es importante tener presente esto, porque la Corte no es un ministro, por más importante que éste sea”.
Sus opiniones se conocen poco después de la destitución de ambos magistrados y de que el Gobierno presentase el proyecto de reforma al sistema de nombramiento de jueces, el que en su parte sustantiva establece la creación del Consejo de Nombramientos y la gestión administrativa queda a cargo de organismo no jurisdiccional, sujeto a rendición de cuentas ante la Contraloría.
Junto con ello, se elimina la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, la Fiscalía Judicial queda a cargo de evaluar e investigar conflictos de interés y responsabilidad disciplinaria, se eliminan los abogados integrantes, restablece el control ético de los colegios profesionales y se definen sanciones judiciales para quienes incumplan.
PURANOTICIA
