El ministro de Justicia y Derechos Humanos, enfatizó en la ilegalidad de la autorización del magistrado a reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad, ya que infringe “las normas que regulan el derecho penitenciario”.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, tuvo palabras para la polémica decisión del juez Daniel Urrutia, la que calificó de ilegal y de infringir “las normas que regulan el derecho penitenciario”.
Cabe recordar que, el magistrado ordenó la autorización para algunos reos ingresados en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago de que pudiesen realizar videollamadas con personas del exterior, lo que encendió las alarmas ya que algunos de los beneficiados estaban siendo investigados por sus vínculos con El Tren de Aragua.
Bajo este contexto, el jefe de la Cartera aseguró que esta medida “infringe las normas que regulan el derecho penitenciario, particularmente aquellas que están vinculadas a establecimientos de máxima seguridad. En esto, el Ejecutivo ha sido muy enfático”.
Además, Cordero aseguró que “no está en discusión el derecho de esas personas a recibir visitas. Esas personas pueden recibir visitas, las visitas deben cumplir con la obligaciones que tiene cualquier persona que asiste a un establecimiento penitenciario”.
En esta línea, el ministro de Justicia enfatizó en que, en este caso en particular, la mirada está puesta en “la posibilidad de que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas que se encuentran fuera del país. En opinión de Gendarmería y del Gobierno, eso compromete la seguridad del establecimiento y la condición de máxima seguridad del establecimiento y la particularidad de las personas que están ahí”.
Asimismo, Cordero fue claro al exponer que “el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron explican entre otras cosas por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad al país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión”.
“Nosotros creemos que la decisión del juez Urrutia es ilegal. Las razones por las cuales son ilegales se han expresado en el escrito de Gendarmería, y el Ejecutivo y yo me he referido a ellas el día de hoy”, concluyó.
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