El titular de Justicia afirmó que las "comunicaciones impropias" pueden afectar potencialmente la independencia.
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El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la crisis en el Poder Judicial por presunto tráfico de influencias en nombramientos.
En el diálogo con La Tercera, el secretario de Estado apuntó que “la gran interrogante en el caso de los funcionarios judiciales, pero también de otros funcionarios públicos, son los vínculos que puedan tener con otros sectores”.
Planteó, además, que “hay que tener cuidado de que muchos de estos casos son comunicaciones impropias, que pueden afectar potencialmente la independencia, pero una cosa muy distinta es si son delitos o no”.
Y distinguió que “no todo se reduce al binomio delito-no delito”, ya que “si se lo reduce a ese binomio, o extiende las categorías de delito, o excluiría de la discusión una cantidad de cuestiones que son impropias en un sistema democrático”.
“Uno de los aspectos que pone en riesgo la independencia judicial es cuando puedan existir conductas impropias o comunicaciones impropias entre miembros del Poder Judicial y la política, o miembros del Poder Judicial y los sectores económicos, porque hay zonas de intersección”, agregó.
Según el ministro Cordero, “en el caso del Poder Judicial es muy relevante, no solo ser independiente, sino que parecer independiente”.
“Esto, que parece ser un juego de palabras, se traduce en la vida social de las personas que ejercen la judicatura (...) y eso es lo que nos hace pensar que la justicia es una función jurisdiccional que desempeñan. Porque de hecho las amistades o enemistades es lo que afectan la imparcialidad”, recalcó.
El diálogo se dio en el contexto de la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema, a propósito de una información publicada por Ciper Chile, en la que el candidato de Chile Vamos a la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes, habría intercedido ante el exjuez Juan Antonio Poblete para promover el nombramiento de Letelier.
El caso llevó a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querellara contra quienes resulten responsables de eventuales delitos asociados a tráfico de influencias para el nombramiento de autoridades públicas.
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