La denuncia, recibida por la Fiscalía Nacional el lunes 19 de octubre de 2026, da cuenta de hechos que, según los denunciantes, senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, podrían revestir carácter de delito.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, remitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte los antecedentes de la denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, por eventuales delitos relacionados con las millonarias pérdidas en el fondo E.
La denuncia, recibida por la Fiscalía Nacional el lunes 19 de octubre de 2026, da cuenta de hechos que, según los denunciantes, podrían revestir carácter de delito, solicitándose su esclarecimiento y la determinación de las eventuales responsabilidades penales que correspondan.
En virtud de lo anterior, la Fiscalía Nacional dispuso remitir los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, para su conocimiento y fines pertinentes.
Asimismo, mediante el referido oficio, el Fiscal Nacional solicitó informar el Rol Único de Causa (RUC) que se asigne a la denuncia.
Esta remisión constituye una actuación formal del Ministerio Público destinada a dar curso a los antecedentes presentados, conforme a las atribuciones legales de la institución.
Se deja constancia de que la remisión de los antecedentes no implica un pronunciamiento sobre la existencia de delitos ni sobre eventuales responsabilidades penales.
Al respecto, Manouchehri señaló que "el portonazo de las AFP, gracias a nuestra denuncia, será investigado por la Fiscalía Centro Norte. Hay gente que está por jubilar y el portonazo de las AFP les ha sacado parte importante de sus ahorros. Exigimos que respondan con su patrimonio y, si hubo delitos, que los responsables paguen con cárcel”.
Por su parte, Cicardini afirmó que “la Fiscalía acoge a trámite nuestra denuncia que hicimos junto al diputado Manouchehri, que va a dar inicio a una investigación. Estas son buenas noticias para la búsqueda de sanciones, de justicia y de compensación para miles de trabajadores que estaban a punto de jubilar o afectados por la irresponsabilidad de las propias AFP al jugar con la plata de la gente”.
Finalmente, agregó que “y si existen responsabilidades de los ejecutivos, que paguen y que compensen tanto con su patrimonio como con penas de cárcel, si se corrobora nuestra fundada sospecha de la existencia de delitos”, agregó.
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