El informe de la Dipres también calculó el impacto fiscal: con una duración promedio de 22,1 días por licencia y una remuneración bruta mensual de $1,9 millones, los funcionarios investigados recibieron $36.876 millones en pagos durante períodos de ausencia.
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El séptimo informe consolidado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), elaborado con antecedentes de la Contraloría General de la República, reveló la magnitud del problema por el mal uso de licencias médicas en el Gobierno Central.
Según el documento publicado por Emol, 29.270 funcionarios aparecen vinculados a 40.629 licencias presuntamente incumplidas, lo que ha derivado en miles de procedimientos disciplinarios.
La polémica se arrastra desde el 20 de mayo del año pasado, cuando la Contraloría difundió un reporte que expuso viajes, salidas y actividades incompatibles con reposo médico entre 2023 y 2024. Aquella publicación abrió un debate sobre la necesidad de reformar el empleo público.
De los funcionarios involucrados, 23.745 siguen en funciones, mientras que 5.525 ya no trabajan en el servicio. Sin embargo, incluso entre quienes dejaron sus cargos, 2.947 continúan sometidos a sumarios administrativos, elevando a 26.692 los casos que deben investigarse formalmente.
La Dipres detalló que 25.352 sumarios ya fueron instruidos: 21.098 siguen en curso, mientras que 4.254 cuentan con resolución del jefe superior del servicio. En 2.711 casos, las resoluciones aún esperan ejecución o cierre formal, debido a recursos presentados por los propios funcionarios u otras instancias administrativas.
Hasta ahora, 1.543 procesos están completamente cerrados. De ellos, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, 262 destituidos -equivalente al 17% de los procesos cerrados y apenas al 1% de los casi 27 mil investigados-, 584 sancionados con censura, 65 suspendidos de empleo y 55 multados.
La Dipres aclaró que los cierres sin sanción responden a motivos acreditados en la etapa investigativa, bajo revisión de la Contraloría para su toma de razón.
El informe también calculó el impacto fiscal: con una duración promedio de 22,1 días por licencia y una remuneración bruta mensual de $1,9 millones, los funcionarios investigados recibieron $36.876 millones en pagos durante períodos de ausencia.
En paralelo, 1.009 funcionarios renunciaron antes de enfrentar un procedimiento disciplinario. Al desglosar los casos, los Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría señalan que 33% corresponde a salidas del país, 1% a atención de partos, 5% a emisores investigados penalmente, 5% a viajes en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 21% a asistencia a casinos de juego y 35% a salidas del país en servicios regionales.
Cabe recordar que, incluso antes de que la Contraloría hiciera públicos los viajes de funcionarios con licencia médica entre 2023 y 2024, ya existían 5.182 sumarios por mal uso de licencias. Del total de involucrados, 4.061 ingresaron al servicio desde el 11 de marzo de 2022, mientras que 23.667 corresponden a administraciones previas.
PURANOTICIA
