El proceso avanzó tras la revocación de su estatus de refugiado, despejando el último obstáculo judicial. Aunque se realizó un operativo en su domicilio en Buenos Aires, el exfrentista no fue encontrado y ahora es intensamente buscado para concretar su traslado a Chile.
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La magistrada María Servini de Cubría, una de las figuras con mayor trayectoria en la jurisdicción federal penal de Argentina, estampó su firma en el cúmplase para la extradición de Galvarino Apablaza. El exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) es requerido por los tribunales chilenos en calidad de presunto autor intelectual del asesinato del dirigente de la UDI, Jaime Guzmán.
De acuerdo a información de La Tercera, la titular del Juzgado 1 asumió temporalmente la conducción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, ubicado en Comodoro Py, Buenos Aires. Es en esta instancia donde se tramita el proceso de envío del exguerrillero a Chile, aprovechando la subrogancia de Servini ante la licencia del juez Ariel Lijo.
El fallo firmado por la jueza el pasado 31 de marzo reconstruye la cronología del caso. Se consigna que el 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina ya había declarado procedente la extradición, respondiendo a la petición formal emanada desde el Estado de Chile el 13 de enero de 2005.
Las indagatorias penales que sustentan el requerimiento —que actualmente están bajo la responsabilidad de la ministra en visita Paola Plaza— se centran en el homicidio del senador gremialista y el secuestro extorsivo de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.
Tras la resolución del máximo tribunal trasandino, el juzgado federal recordó que “en forma sobreviniente al trámite judicial, el Poder Ejecutivo Nacional -mediante la Resolución Nº 387 de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare)- procedió a reconocer a Apablaza la condición de refugiado, con fecha 30 de septiembre de 2010, circunstancia que determinó que se disponga el archivo” del expediente.
No obstante, ocho años más tarde, la Conare determinó anular dicho estatus de refugiado. Esta resolución fue apelada por los representantes legales de Apablaza ante el fuero contencioso administrativo federal, según detalla el escrito judicial.
El conflicto legal llegó a su punto decisivo el 10 de febrero del presente año. En esa jornada, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo que desestimaba las pretensiones del exfrentista.
Una vez zanjado ese punto, el tribunal estableció que “en atención a la revocación del estatus de refugiado, se dispuso la certificación del estado del proceso y la correspondiente comunicación a la Cancillería en los términos del artículo 34 de la Ley 24.767, siendo que el 12 de marzo de 2026, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, concedió definitivamente la extradición de Apablaza hacia la República de Chile”.
El texto añade que “la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación informó a este juzgado que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante resolución del 31 de marzo de 2026, denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por la Defensoría Pública Coadyuvante de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección de Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación”.
Ante este escenario, la judicatura federal arribó a una determinación fundamental: “A partir de todo lo expuesto, y lo resuelto por el fuero correspondiente en torno a la revocación de la condición de refugiado de Apablaza, corresponde continuar el trámite del presente proceso”.
El dictamen subraya que “ante la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, resulta inminente su entrega a las autoridades policiales de Interpol Chile, con el objeto de materializarse su traslado hacia la República de Chile, todo ello, en procura de cumplir con todas las formalidades y requisitos que estipula la norma y los tratados vigentes".
Bajo estos argumentos, la jueza Servini decretó “la detención de Apablaza siendo que una vez habido se deberá comunicar tal circunstancia al Consulado de la República de Chile, como así también se lo deberá notificar de las previsiones del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, debiendo ser traslado a la Alcaidía CAVIA, de la Policía Federal Argentina, en donde deberá permanecer hasta su entrega a las autoridades policiales de la República de Chile”.
Con el fin de materializar la orden, se dispuso el allanamiento y registro de la propiedad que Apablaza mantenía registrada en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. La magistrada instruyó que el procedimiento fuera liderado por la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento de Interpol, contando con el apoyo de la División Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina.
La operación fue programada para iniciarse a las siete de la mañana de este miércoles 1 de abril. Para asegurar el éxito de la diligencia, Servini autorizó el empleo de la “fuerza pública mínima y necesaria y a la fractura de puertas de acceso interiores que se encuentren cerradas y a todo acceso cuyo ingreso resulte de interés a los efectos de cumplir con el registro ordenado”.
Pese al despliegue, los efectivos policiales argentinos no lograron ubicar a Apablaza al ingresar al inmueble este miércoles. A raíz de esto, se ha iniciado un rastreo intensivo para dar con su paradero, cumplir con la extradición y permitir que el exfrentista comparezca ante la justicia chilena.
PURANOTICIA
