El gremio informó que el objetivo es proponer en el corto plazo un plan de acción tendiente a hacer efectiva la seguridad personal y protección de magistrados.
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La Asociación Nacional de Magistrados, en su asamblea realizada en Chillán, acordó la creación de una comisión para abordar las amenazas a los jueces efectuadas por el crimen organizado, considerando que desde septiembre hay 14 magistrados con medidas de protección.
El gremio informó que el objetivo es proponer en el corto plazo un plan de acción tendiente a hacer efectiva la seguridad personal y protección de magistrados. También se acordó solicitar a la Corte Suprema una serie de medidas para la protección de los jueces.
La asociación planteó a la Corte Suprema la “reevaluación de la política de publicidad del Poder Judicial sobre datos personales sensibles que conducen a la identificación de jueces, juezas y sus familias. Esto fue aprobado, y tiene que ver con que hay información sensible de los jueces sobre sus bienes, vehículos y patentes en las declaraciones de patrimonio”.
Además, la asamblea solicitó “revisar la política comunicacional del Poder Judicial, que en muchos casos aumentan el riesgo de los jueces y juezas. Esto fue aprobado y tiene que ver con la transmisión de audiencias y respuestas que se han hecho en redes sociales sobre quiénes son los jueces de audiencias, por ejemplo”.
Asimismo, se resolvió crear una mesa técnica permanente con el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, y organismos públicos de seguridad e Inteligencia del Estado.
También se solicitó que la Corte Suprema sea la encargada de evaluar audiencias telemáticas para algunas causas. Por ejemplo, que los jueces amenazados no estén en la sala de audiencias con imputados.
La presidenta de la asociación, Mariela Hernández, informó que le entregaron sus requerimientos al ministro Manuel Valderrama, pero que también le harán uno al pleno de la Corte Suprema. "Esto es algo que va más allá del Poder Judicial y tiene que incorporar a todos los actores”, enfatizó.
Hernández agregó que “queremos que exista una política institucional respecto de estas medidas, como por ejemplo en la transmisión de las audiencias”. Acerca de la transparencia de las audiencias, dijo que “esto no tiene que ver con estar contra la ciudadanía, porque hay causas más complejas que otras".
"Acá tenemos bandas internacionales que operan no sólo en Chile, sino en toda la región, por eso que se debe tener una política de resguardo sin que se contradiga el hecho de contar con audiencias públicas. Todo debe ser parte de una política”, concluyó.
PURANOTICIA
