La Fiscalía Metropolitana Occidente acusa a los imputados de cohecho y asociación ilícita, tras facilitar ingreso de drogas, celulares, alcohol y comercio sexual en Santiago 1 y otras cárceles.
visitas
En el 12º Juzgado de Garantía se está desarrollando la formalización de los 47 gendarmes y 23 civiles detenidos por integrar una red de corrupción en diferentes cárceles del país, principalmente en el penal de Santiago 1.
La audiencia, a cargo del juez Francisco Ramos, se está realizando de manera presencial para la mayoría de los imputados, quienes fueron trasladados en buses al Centro de Justicia de Santiago. La Fiscalía Metropolitana Occidente lo formalizará por cohecho y asociación ilícita.
El día de las detenciones, el martes pasado, el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pasten, señaló que "en 2022 tomamos conocimiento de que en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, Santiago 1 y CPF San Joaquín, funcionarios de Gendarmería, coludidos con particulares, realizaban actos destinados a ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos”.
La investigación arrojó que los gendarmes "coimeados" permitían el ingreso de grandes bolsas con celulares, drogas, alcohol, chips, ropa, comida, carne y otros artículos prohibidos.
Incluso, algunos gendarmes ingresaban productos por propia iniciativa para venderlos a los reclusos a precios usureros en una especie de "feria".
También facilitaban el ingreso irregular de mujeres para comercio sexual como visitas autorizadas. Para el ingreso, dependiendo del producto, cobraban entre $10.000 y $400.000.
Junto con los detenidos se logró la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas. Las detenciones se efectuaron en las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
“También en el sector de los módulos hemos detectado que funcionarios de gendarmería previo pago, procedían a trasladar internos que, de no haber mediado este pago ilícito, no hubiesen podido transportarse de un módulo a otro, y en algunas ocasiones también los funcionarios de Gendarmería obligaban a los internos a entregar una suma de dinero para devolverles los propios teléfonos que les habían incautado”, añadió Pastén.
PURANOTICIA
