El total de beneficiados con antecedentes no son 41, como se reportó en su momento a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, sino que serían 69.
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Debido a que seis favorecidos con pensiones de gracia por el estallido social registran antecedentes penales, la División Jurídica del Ministerio del Interior comenzó la revisión de la documentación de las 418 personas que, entre el 14 de enero y el 2 de diciembre de 2022, recibieron el beneficio.
El total de beneficiados que tienen antecedentes no son 41, como se reportó en su momento a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizó la materia, sino que –según consigna La Tercera– serían 69 según catastros internos.
A pesar de que la oposición exige que se les revoque el beneficio, los ministros Carolina Tohá y Luis Cordero enfatizaron que no se les quitará la pensión a aquellos que estén afectados por un daño permanente, como quienes sufrieron trauma ocular.
Sin embargo, entre los beneficiarios con antecedentes hay al menos una veintena que no están en esa condición, según fuentes de la administración Boric, por lo que ahora se ultiman los detalles para revocar los decretos mediante los cuales se les visó su pensión.
El 16 de enero pasado, el Presidente Boric declaró que “voy a hacer uso de una facultad administrativa en el caso de que cuando identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico... yo personalmente voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”.
Finalmente, el Gobierno comenzó las coordinaciones con el Consejo de Defensa del Estado para, eventualmente, tener que hacer frente a las acciones que estas personas pudiesen presentar en tribunales por la pérdida del beneficio, lo que se posiciona como un escenario potencialmente complejo para La Moneda.
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