El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, explicó que el protocolo busca “uniformar los procedimientos de cada una de las instituciones que participan de los mecanismos de expulsión".
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El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, junto al director general (s) de la Policía de Investigaciones, Ricardo Gatica, el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, firmaron un protocolo para agilizar el procedimiento administrativo de expulsión.
“Este es uno de los aspectos claves en materia de control migratorio en el país. Hace un par de semanas atrás el Servicio de Migraciones puso a disposición de las policías una herramienta tecnológica con el propósito de tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones en sus controles regulares pudieran disponer de mecanismos de consulta directa sobre la situación migratoria de las personas”, comenzó señalando Cordero.
En esta línea, la autoridad explicó que este protocolo busca “uniformar los procedimientos de cada una de las instituciones que participan de los mecanismos de expulsión. En segundo lugar, acotar los plazos y, en tercer lugar, uniformar los medios de información para hacerlos más expeditos”.
“En consecuencia, permitir que las expulsiones sean desarrolladas con mayor regularidad que la que podemos estar realizando en la actualidad”, añadió.
El ministro (s) recordó que al inicio de esta administración “existían 24.000 decretos de expulsión administrativas vigentes que, luego de las modificaciones que se han realizado, hemos podido dictar 6.000 adicionales que se han estado notificando y que en lo que va de este período ya se han desarrollado más de 1.000 expulsiones administrativas, mucho más que el promedio de lo que se habían podido desarrollar en administraciones anteriores”.
Además, Cordero señaló que el protocolo permitirá “estandarizar la información, los tiempos, los flujos de comunicación que permita la interoperabilidad”.
Junto con ello, destacó que otro aspecto clave es “la priorización de expulsiones administrativas respecto de aquellas personas vinculadas con antecedentes penales a organizaciones criminales, lo que nos permite alinear el plan de expulsiones administrativas con la política de crimen organizado”.
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