El operativo incluyó 46 expulsiones administrativas y 16 judiciales. Autoridades destacaron que durante 2026 ya se han materializado 1.039 salidas obligadas del país.
El Gobierno concretó una nueva expulsión en vuelo chárter de 62 personas extranjeras, de las cuales 46 correspondieron a expulsiones administrativas y 16 a expulsiones judiciales, con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador.
La información fue entregada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quienes destacaron que durante 2026 se han materializado 1.039 expulsiones de ciudadanos extranjeros.
Según dijeron, esta cifra que representa un aumento significativo respecto del mismo período de 2025 y refleja el fortalecimiento de la política de control migratorio impulsada por el Ejecutivo.
La gestión migratoria desarrollada durante este año también contempla 2.509 salidas voluntarias efectivas, alcanzando un total referencial de 3.548 salidas del país entre expulsiones y salidas voluntarias.
El subsecretario Pavez resaltó que "el Gobierno, en coordinación con los servicios y la policía, ha superado la barrera de los 1.000. Además, alcanza un 94% de todas las expulsiones materializadas en el año 2024, que fueron de 1.100, y representa el 81% del total anual del 2025".
El vuelo realizado este 25 de junio incluyó la expulsión de personas con antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio simple, secuestro con violación, violación a mayor de 14 años, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, robos violentos y delitos asociados a armas de fuego.
Del total de expulsados en esta operación, un 38,7% correspondía a personas con antecedentes o condenas por delitos distintos al ingreso por paso no habilitado, lo que da cuenta del esfuerzo del Estado por retirar del territorio nacional a extranjeros que representan un riesgo para la seguridad pública.
El Gobierno reiteró que continuará fortaleciendo una política migratoria basada en el orden, el control efectivo de las fronteras y el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales, promoviendo una migración regular, segura y responsable.
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