El abogado del director general de Carabineros, Jorge Martínez, justificó al 7° Juzgado de Garantía que el avance del proceso penal generará una afectación de figuras constitucionales.
visitas
Luego que la magistrada del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Isabel Margarita Correa, rechazara el recurso presentado por la defensa del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por vulneración de derechos, la máxima autoridad de la policía uniformada ingresó un nuevo escrito al Tribunal Constitucional solicitando que se decrete la suspensión del proceso penal en su contra, en virtud del requerimiento que fue admitido a tramitación la semana pasada.
Según publica este miércoles El Mercurio, en la nueva petición, el abogado de Yáñez, Jorge Martínez, señala que “en una interpretación contra reo, la jueza Correa consideró que el momento adecuado para que las defensas tomen conocimiento de los hechos que se imputan a un ciudadano, independiente si el hecho imputado es, 1, 100 o 900, es en la audiencia de formalización”.
Y agrega el profesional, “en cuanto al perjuicio en la demora, se está produciendo con el avance constante y diario de las gestiones pendientes, las cuales, en caso de no detenerse, producirán indefectiblemente, una vulneración de las garantías constitucionales de don Ricardo Yáñez”.
“En este sentido, será lamentable que, de no suspenderse el proceso, este tribunal se vea privado de tutelar los derechos constitucionales de uno de sus ciudadanos en el ejercicio legítimo de sus derechos”, justifica el abogado Martínez.
Además, el defensor del general Yáñez sostuvo que, la resolución adoptada por el juzgado de garantía “aparte de reafirmar el procedimiento irracional, injusto e inquisitivo al que se encuentra sometido nuestro representado al no conocer los cargos que se le reprochan, lo deja en la más absoluta indefensión frente a la audiencia de formalización del 7 de mayo”.
El 7° Juzgado de Garantía de la capital rechazó el recurso de cautelas de garantías ingresada por la defensa del general Yáñez, de su antecesor Mario Rozas y del ex general subdirector de Carabineros Diego Olate, imputados por eventuales delitos de apremios ilegítimos en su variante omisiva, en el marco del estallido social de octubre de 2019.
También consigna este miércoles El Mercurio, el abogado Jorge Martínez sostiene como principal argumento que no se le ha indicado lugar, fecha de comisión de los supuestos delitos y solicitó que el tribunal dispusiera que el Ministerio Público le haga entrega de los hechos para la preparación de la defensa.
PURANOTICIA
