La máxima autoridad de la policía uniformada será imputado por su presunta responsabilidad de mando y omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.
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El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que las actuaciones del Ministerio Público han implicado una serie de vicios que vulneran sus garantías constitucionales.
La máxima autoridad de la policía uniformada será imputado por su presunta responsabilidad de mando y omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.
Yáñez sostiene en uno de sus argumentos que todavía no puede conocer cómo la Fiscalía Regional Centro Norte pretende encausarlo por 952 delitos omisivos.
En ese sentido acusa que la investigación en su contra “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando que no es un elemento objetivo del tipo penal delito de apremios ilegítimos”.
“Esta figura – argumenta - no constituye un crimen en sí mismo, sino una especial participación de los jefes militares y civiles en los tipos penales de derecho penal internacional”.
Lo anterior resulta “inaplicable” a la figura de un delito común de apremios ilegítimos simples, dice el general Yáñez, y asegura que la solicitud de formalización presentada en su contra contiene vicios que la hacen susceptible de ser anulada.
“Al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente al derecho a defensa y derecho al recurso, y principios constitucionales como la supremacía constitucional y de juridicidad”.
De seguir adelante, dice Yáñez, se le estaría sometiendo a un “procedimiento irracional e injusto”, ya que nunca se le han dado a conocer los cargos que se le imputan, lo que es un requisito esencial del debido proceso y se le impide de esta manera ejercer una óptima defesa.
Yáñez acusa además un uso “abusivo del Derecho” y estar sujeto a un “procedimiento irracional e injusto” por parte del tribunal, lo que “está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile”.
LO que busca con esta acción ante el TC, asegura, es “garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas”
“Durante estos tres años hemos logrado levantar nuevamente -con enorme dedicación personal- a nuestra querida institución para situarla en el lugar que hoy ocupa en la República, recuperando el aprecio y cariño de la sociedad civil, porque sin duda Carabineros forma parte de la nación toda y es una institución de todos los chilenos”, dice en el escrito.
