Esta compra estaba destinada a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y formaba parte de un plan piloto anunciado en 2024 por el Gobierno Regional Metropolitano y el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero.
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De manera reservada, Gendarmería declaró inadmisible la licitación para adquirir 20 pistolas electrónicas de inmovilización temporal —o “taser”—, cuyo costo superaba los $200 millones.
La decisión se tomó luego de que las dos empresas oferentes no cumplieran con los requisitos técnicos exigidos.
Según consigna 24 Horas, la resolución señala que ambas firmas —Tecnologías Sociales Limitadas (Smart Partners) y Sociedad Millenium— no alcanzaron el mínimo requerido de alcance efectivo (más de 13 metros).
Esta compra estaba destinada a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y formaba parte de un plan piloto anunciado en 2024 por el Gobierno Regional Metropolitano y el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero.
El convenio fue firmado en febrero por la entidad “Verde Boldo” y ratificado por el GORE el 19 de marzo.
En su presentación, se indicó que las armas serían entregadas en un plazo de dos a tres meses y operativas en el primer trimestre de 2025.
El gobernador Claudio Orrego defendió la iniciativa en su momento, señalando que "si queremos ganarle al crimen organizado en las calles, tenemos que partir por dominar lo que pasa en las cárceles”.
El proyecto también contemplaba baterías recargables, cartuchos de repuesto, cámaras corporales con conectividad en línea, alertas automáticas y un software para registro digital del uso del dispositivo.
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