Gajardo cuestiona reforma de seguridad del Gobierno: “Creo que es muy peligrosa”

Una dura evaluación realizó el exministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo sobre la reforma constitucional incluida en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La exautoridad aseguró que la propuesta presenta riesgos para el Estado de derecho y cuestionó que sea necesaria para enfrentar los actuales problemas de seguridad del país.

“Creo que es una reforma muy peligrosa”, afirmó Gajardo en conversación con radio Nuevo Mundo.

Al profundizar en sus reparos, el abogado planteó tres aspectos que, a su juicio, resultan especialmente preocupantes. “Primero trata de disciplinar al Tribunal Constitucional. Segundo, lamentablemente da cuenta de posibles regresiones autoritarias. Y tercero, es absolutamente innecesaria”, desarrolló.

Para Gajardo, el análisis debe realizarse tomando como referencia el contenido originalmente presentado por el Ejecutivo, pues considera que refleja la visión del Gobierno respecto de las herramientas necesarias para enfrentar los problemas de seguridad.

“Tal y como se fue presentada, da cuenta de lo que realmente considera el Presidente de la República y sus ministros, que es lo que hay que hacer en materia de seguridad. Y lo que ellos consideran que es lo que hay que hacer es completamente contrario a un Estado democrático y constitucional de derechos”, dijo.

El exministro aseguró que sus cuestionamientos también son compartidos en sectores académicos vinculados al derecho constitucional. “En general, para todos nosotros, es una reforma que tiene visos que, lamentablemente, podrían derivar en un gobierno autoritario. Y lo hemos dicho así con todas sus letras”, sostuvo.

A juicio de Gajardo, existen otras herramientas que deberían priorizarse para enfrentar la delincuencia. Entre ellas mencionó la implementación de la estrategia contenida en la Política Nacional de Seguridad Pública y de la Política Nacional de Seguridad Penitenciaria.

También planteó la necesidad de aumentar la dotación policial, implementar normas que ya fueron aprobadas, como la creación de la Defensoría de las Víctimas, y fortalecer las políticas destinadas a la reinserción social.

Sobre este último aspecto, afirmó que “con esta reforma vamos precisamente en el sentido contrario. La reforma denota y es totalmente clara en el sentido de que para este gobierno la reinserción social no existe”.

Otro de sus cuestionamientos se relaciona con la incorporación conjunta del crimen organizado y el terrorismo dentro de la ACOT. Para el exsecretario de Estado, resulta “preocupante” utilizar conceptos que calificó como “muy imprecisos”.

“Se plantean medidas para combatir el crimen organizado junto con el terrorismo (...) Es complejo además porque se le entregan al presidente de la República en la reforma constitucional potestades que son muy problemáticas desde el punto de vista de un Estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, añadió.

Gajardo profundizó sus reparos señalando que algunas de estas atribuciones podrían terminar utilizándose para fines diferentes a aquellos relacionados directamente con el combate al crimen organizado.

“Es una reforma muy peligrosa, porque tiene una conexión con nuestro pasado en el cual se violaban los derechos humanos, clara y evidente. Tiene una conexión, además, con personas que justifican la violación de los derechos humanos. La preocupación que tenemos de que esto pueda ser mal utilizado y de que esto sea no solo para combatir al crimen organizado, sino que eventualmente para perseguir políticamente a sus adversarios políticos”, afirmó.

El exministro también se refirió a la Operación Cancerbero, iniciada el 13 de agosto con el traslado de internos hacia la cárcel La Laguna, en Talca. Si bien reconoció la necesidad de adoptar medidas especiales para desplazamientos de alto riesgo, cuestionó la exposición comunicacional de este tipo de procedimientos.

“Lamentablemente se pone por delante el espectáculo, el show comunicacional”, afirmó.

Según explicó, durante estos operativos el sistema penitenciario enfrenta un momento de especial vulnerabilidad, debido a los eventuales riesgos para funcionarios de Gendarmería, la ciudadanía y las propias personas trasladadas.

“Un gobierno responsable no realiza esos traslados con la televisión o transmitiéndolos en vivo. Eso pone en riesgo la seguridad del traslado, y además usted le entrega toda la información de cómo es un operativo de un traslado de alto riesgo a las organizaciones criminales, que lo pueden estudiar por la televisión”, manifestó.

Finalmente, Gajardo insistió en que la seguridad de estas operaciones debe estar por encima de cualquier objetivo comunicacional.

“Si la ley establece que este tipo de acciones son secretas porque afectan la seguridad del país, la seguridad nacional, como lo dice el artículo 27 de la ley de gendarmería, usted para subir un par de puntos en las encuestas no puede poner en riesgo la seguridad del país”, concluyó.

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