En medio de la polémica por la adjudicación de convenios con el Serviu de Antofagasta, la entidad defiende los convenios firmados y destaca el progreso alcanzado en proyectos que buscan mejorar la habitabilidad en los campamentos.
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La Fundación Democracia Viva salió al paso de los cuestionamientos surgidos luego que se diese a conocer que se adjudicó millonarios contratos del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en la Región de Antofagasta.
¿El problema? Los tres convenios de $426 millones fueron aprobados por el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, mientras que el representante legal de la fundación es Daniel Andrade. Ambos son militantes de Revolución Democrática, siendo el primero exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez y el segundo pareja de la parlamentaria.
Vía Twitter, Democracia Viva acusó que "en los últimos días se nos ha cuestionado por los tres convenios firmados entre la fundación, el Serviu y el Minvu de Antofagasta".
Luego informó que durante el último trimestre de 2022 trabajaron en 10 campamentos de la región nortina, llevando a cabo actividades de participación ciudadana y mejoramiento de la habitabilidad.
Detallaron que los objetivos de los convenios 504 y 576, con inversiones de $200 millones y $170 millones respectivamente, se enfocan en brindar apoyo a la comunidad en la ejecución de obras relacionadas con seguridad y salubridad. Apuntaron a que las obras incluyen la instalación de luminarias y la implementación de medidas para mitigar el riesgo de incendios, entre otras acciones, y se espera que se lleven a cabo hasta febrero de 2024.
En relación al convenio 641, que cuenta con una inversión de $56 millones, la fundación explicó que se centra en el levantamiento y diagnóstico territorial de campamentos recientemente catastrados por el Serviu, así como en la implementación de planes de prevención en el área. Explicó que este contrato contempla una duración de 12 meses, finalizando a fines de enero de 2024.
"Condenamos el acoso que han sufrido nuestras colaboradoras y la exposición de sus redes y vidas privadas. Ninguna operación política justifica la violencia. Seguimos trabajando por mejorar la vida de las familias y ampliar la base social de la democracia”, concluyó la organización.
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