En el 6º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se desarrollaron los alegatos de clausura contra lo sujetos que se encuentran en calidad de imputados por la elaboración y colocación de cuatro artefactos explosivos, hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
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La Fiscalía solicitó 130 años de cárcel para Francisco Solar y 25 para Mónica Caballero, acusados por los delitos de colocación y detonación de artefactos explosivos.
Este lunes en el 6º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se desarrollaron los alegatos de clausura contra lo sujetos que se encuentran en calidad de imputados por la elaboración y colocación de cuatro artefactos explosivos, hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
La Fiscalía de Alta Complejidad señaló que solicitará 130 años de cárcel para el imputado y 25 años para la mujer, por la instalación de una bomba dirigida a Rodrigo Hinzpeter en las oficinas de Quiñenco de Vitacura, en 2019.
Además, por la colocación de un artefacto que alcanzó a explotar en la 54° comisaría de Huechuraba,- hiriendo a varios carabineros, y por dos bombas instaladas en Torre Millenium en Las Condes, en 2020, que no detonaron.
El fiscal jefe del área de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Sur, Aléxis Cortéz, señaló que en la audiencia pudieron "exponer toda la abundante prueba que se obtuvo durante toda esta etapa investigativa que duró aproximadamente 3 años. Un año desde que se colocan los artefactos explosivos hasta la detención de los imputados y posteriormente una investigación formalizada".
Asimismo, comentó que las pruebas establecieron que "la finalidad última de esta colocación de estos artefactos explosivos estaban destinados con matar a determinadas personas y por eso el Ministerio Público también acusó por homicidio frustrado".
Cabe señalar que durante el juicio oral, Solar admitió los delitos y declaró que "el día 25 de julio, me enteré por la prensa, que un artefacto explosivo había detonado en la 54°Comisaría, hiriendo a varios carabineros y que el artefacto explosivo dirigido a Hinzpeter había sido desactivado por personal del GOPE de Carabineros".
En ese contexto, el acusado indicó que la "pretensión" de esta acción era "dar una respuesta a la brutalidad policial y a un exministro del Interior recordado por su faceta represiva", lo cual "se cumplió completamente".
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