El tribunal rechazó la prisión preventiva contra los imputados por presunto fraude al Fisco, mientras el Ministerio Público cuestiona la resolución y confía en revertirla en la Corte.
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Un duro revés sufrió el Ministerio Público en la investigación por presunto fraude al Fisco vinculado a la Fundación ProCultura, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía rechazara decretar prisión preventiva contra los principales imputados en la causa.
La decisión fue adoptada por el juez Patricio Álvarez, quien concluyó que la Fiscalía no logró acreditar la existencia de los delitos imputados a Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado, descartando así la cautelar más gravosa solicitada por el ente persecutor.
Según el magistrado, los antecedentes presentados resultaron contradictorios y no permitieron demostrar que los imputados actuaran con ánimo y concierto para defraudar al Estado, elemento central de la imputación. El fallo significó un golpe relevante para la Fiscalía, que ya venía enfrentando dificultades en la causa, entre ellas cambios de fiscales, cuestionamientos a diligencias intrusivas y negativas judiciales a medidas investigativas.
Al interior del Ministerio Público sostienen que la resolución refleja un “exceso de garantismo” por parte del juez y cuestionan su análisis sobre los presupuestos materiales del delito. Fuentes ligadas a la investigación afirman que, tratándose de fraude al Fisco, no es necesario acreditar en esta etapa la apropiación directa de recursos, sino que basta demostrar su uso indebido o desvío para configurar el ilícito.
Asimismo, consideran inverosímil poner en duda la participación cuando una organización se adjudica fondos públicos que luego son destinados a fines distintos, por lo que confían en que la Corte de Apelaciones revierta la decisión.
En la Fiscalía reconocen que la investigación ha tenido falencias y “ripios”, aunque atribuyen parte de esas dificultades a decisiones externas que —según estiman— han incidido en el desarrollo del proceso. También llamó la atención la rapidez del fallo, dictado en apenas 15 minutos tras cuatro jornadas de audiencia, lo que dentro del ente persecutor consideran inusual para una resolución de tal magnitud.
Pese al revés, el Ministerio Público insiste en que la causa sigue abierta y que su desenlace tomará tiempo. En esa línea, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sostuvo, a La Tercera, que “las causas complejas no se resuelven en una audiencia”.
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