El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) explicó que "el perfil de la víctima, un ex teniente del ejército venezolano y un activista en contra del Gobierno de Venezuela, es claramente político".
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El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, analizó el caso del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, asesinado tras ser secuestrado desde un edificio en Santiago.
En relación al homicidio del militar venezolano, Barros reiteró en radio ADN que se trató de un crimen político y no de un secuestro común. “Este crimen tenía un móvil político, y que no se trató de un caso de extorsión ni de un pedido de dinero a cambio de la liberación de la víctima por parte del Tren de Aragua”.
“Yo sigo sosteniendo que el crimen de Ronald Ojeda es un delito político. El perfil de la víctima, un ex teniente del ejército venezolano y un activista en contra del Gobierno de Venezuela, es claramente político. No hubo ninguna solicitud de rescate, que es lo típico de los secuestros cometidos por grupos como el Tren de Aragua, que buscan obtener dinero a través de sus actividades criminales”, aseguró el fiscal.
“En este caso no hubo esa motivación. Lo que ocurrió con Ronald fue un sicariato, pero también una contratación del Tren de Aragua para secuestrarlo y asesinarlo”, detalló.
Consultado por la posible vinculación del Gobierno de Maduro en el crimen, Barros sostuvo que la investigación apunta en esa dirección: “Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el Gobierno venezolano. Ronald no solo era un ex teniente del ejército venezolano, sino que también fue un activista político que se opuso al régimen actual. Participó en un intento de golpe de Estado y, después de eso, vino a Chile, donde continuó su lucha política contra el Gobierno venezolano”.
“En diciembre, justo antes de su asesinato, viajó a Venezuela para participar en un intento de organizar un nuevo golpe de Estado. La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela”, dijo.
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