El exseremi de Vivienda de la región de Antofagasta buscará dar cuenta cómo la exjefa de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, lo habría "apurado" para concretar convenios.
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El exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, solicitó a la fiscalía declarar en la investigación que se sigue por la asignación directa de recursos a la fundación Democracia Viva, con el objetivo de entregar detalles sobre quién, cuándo y cómo envió a la Presidencia de la República los antecedentes del caso y qué personeros de gobierno visaron los convenios que se firmaron desde la repartición que él encabezaba.
La idea de Contreras es entregar antecedentes que reafirmarían su versión en cuanto a que el 7 de junio, desde la Subsecretaría de Vivienda liderada por Tatiana Rojas se envió un informe a la sede del Ejecutivo, en particular al equipo de asesores que lidera Miguel Crispi, respecto de la ejecución de recursos vinculados al Programa de Asentamientos Precarios y a fundaciones.
Según pudo conocer La Tercera, el exseremi entregará detalles de las comunicaciones que mantuvo desde que se recibió la denuncia de los funcionarios con autoridades del gobierno central, ya que como afirman personeros que conocen de su estrategia, entre el 2 de mayo y el 7 de junio de este año envió una serie de antecedentes a petición de la subsecretaría.
Esos antecedentes fueron los que sirvieron de insumo tanto para el informe que elaboró Ricardo Trincado, exjefe del Departamento de Asentamientos Precarios a quien recientemente se le pidió la renuncia, y también para el que, según Contreras, envió la subsecretaría a Presidencia.
La exautoridad regional buscaría despejar parte de las dudas que hay sobre su gestión, ya que si bien desde su entorno reconocen que hubo un error político al haber firmado un convenio con Democracia Viva, también resaltan que emprendió una serie de acciones para “mejorar” el sistema de suscripción de convenios con fundaciones.
“Se solicitó a la Fiscalía la oportunidad para que él pueda declarar y estamos esperando que nos dé una fecha, para que, en el contexto de la declaración, se refiera sobre los hechos que se le imputan y, a su vez, sobre cuándo se tuvo conocimiento de los convenios por parte del Ejecutivo. En relación a eso, se van a acompañar antecedentes que fortalecen y prueban lo que él declarará”, manifestó el abogado del exseremi, Andrés Bustos, citado por el mismo medio. “Esto se da en el marco de la colaboración de Carlos Contreras, que aparte de esto, también accedió al alzamiento de su secreto bancario sin tiempo limitado”, agregó el abogado.
Según esto, Contreras reiteraría ante el fiscal que el jefe de asesores Miguel Crispi no dijo la verdad al señalar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que solo había escuchado rumores del escándalo que tiene a Revolución Democrática bajo la lupa de la Fiscalía.
“Se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi”, indicó el exseremi en una declaración pública conocida días antes.
Además se referirá a la serie de inconsistencias que incluían instrucciones que él mismo recibió de parte de la exjefa de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, quien además es tía de Crispi, respecto de la firma de convenios con fundaciones.
Entre ellas figura un mensaje que Serrano le envió a Contreras la tarde del 20 de septiembre de 2022, donde le manifestó: “Estimado Carlos, te escribo en relación a la gestión de convenios y a la conversación que tuvimos días atrás, respecto a la urgencia para su firma, reiterándote que tu región tiene un importante monto asociado a convenios que tenemos que apurar para asegurar la ejecución presupuestaria”.
La exautoridad también entregaría detalles sobre las entidades que, junto con la repartición que encabezaba, validaron técnicamente los convenios suscritos. Entre ellos, apuntaría directamente contra representantes del Serviu de Antofagasta, ya que, como aseguró a comienzos de septiembre de este año, “sin la aprobación de las jefas regional y nacional de Asentamientos Precarios más la firma de la directora de Serviu, no podrían realizarse los convenios”.
Además de lo anterior, afirma el citado medio, Contreras estaría evaluando acusar persecución política basándose en los argumentos expuestos por el Juzgado Civil de Antofagasta, que en noviembre acogió solo parcialmente una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de Democracia Viva.
“La demanda es inepta por la falta de claridad de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya”, dijo el juzgado en ese entonces, por lo que cercanos a Contreras comentan que le daría pie para recurrir contra el Estado.
PURANOTICIA
