El exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó la ley corta de isapres y sostuvo que "el grueso de esta ley corta es fortalecer Fonasa, entregarle más recursos y permitir puedan licitar una modalidad de cobertura complementaria”.
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El exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó la ley corta de isapres que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema contra las aseuradoras, y se refirió a las últimas indicaciones que el Ejecutivo ingresó a esta iniciativa.
En conversación con Radio Pauta, argumentó que “la ley corta de isapres está mal llamada, porque está en realidad es una reforma Fonasa, el grueso de esta ley corta es fortalecer Fonasa, entregarle más recursos y permitir puedan licitar una modalidad de cobertura complementaria”.
“Este es el eje de la ley corta y quiero señalar, tiene una implicancia gigantesca que nadie ha relevado y es que se genera un control de los seguros de vida de salud a través de la Superintendencia de Salud, cosa que hoy no ocurre”, complementó.
En esta línea, Mañalich comentó que se le da “a la Superintendencia de Salud el control de las aseguradoras y pone condiciones y en segundo lugar termina con la libre elección de Fonasa”.
“Esto quiere decir que cuando una persona elige toma una modalidad de cobertura complementaria en un seguro complementario de salud, tiene que atenerse a funcionar en la red que esa compañía de seguro ha convenido”, añadió.
De esta forma, la exautoridad aseguró que “no hay posibilidad siquiera de hablar de salvación de las isapres”.
“Esta información que entrega ayer la Superintendencia de Salud tiene que ver con la sesión maratónica doble de la comisión de Salud del Senado donde se discutirá la ley corta y como recuerdan, la semana pasada el senador Castro dijo que no podían legislar a ciegas sin tener información de datos”, precisó.
El exsecretario de Estado indicó que los datos “que se entregan son los que él pide y la comisión pide, a ver cuánto es la deuda que las isapres deberían devolver por la tabla de factores”.
“Inicialmente, la Superintendencia había calculado 1.400 millones de dólares, los comisionados de expertos dijeron que en verdad eran 460 millones de dólares y el Gobierno se inclinó por decir ‘no pueden ser menos de 1.000 millones de dólares’ que, ajustado a hoy, se actualizan a 1180 millones de dólares”, detalló Mañalich.
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