Juan Irarrázaval y Agustín Romero anunciaron una querella contra el fundador de la difunta fundación, Alberto Larraín, y su representante legal, Constanza Gómez.
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Los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Agustín Romero, se sumaron como querellantes a las investigaciones por fraude al Fisco en los convenios suscritos por entidades públicas con la fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín y María Constanza Gómez.
Según el escrito presentado por el abogado Sergio Rodríguez, la entidad habría “aprovechado” de que la Ley de Presupuesto para celebrar convenios con entidades públicas, incurriendo en irregularidades que llevaron a que el Ministerio Público comenzara una indagatoria a mediados de 2023.
La querella se basa en un escrito presentado por la Fiscalía en el que se detalla una serie de transferencias a las cuentas personales de Larraín y Gómez, entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023 por $110 millones, sin que hubiese justificación para ello.
Los parlamentarios plantean dudas sobre el convenio suscrito con el Gobierno Regional de la región Metropolitana liderado por Claudio Orrego para la ejecución del programa “Quédate”, acusando un “cercano” vínculo entre la autoridad regional y el psiquiatra Larraín.
“En lo relativo a dicho convenio, se han detectado ciertas situaciones indiciarias de delito, por cuanto al momento de su celebración, tan solo tres meses antes, Alberto Larraín Salas, fundador de la fundación, fue elegido como integrante del directorio de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gobierno Regional, cargo propuesto por el Gobernador Regional, Claudio Orrego Larraín, y aprobado por el Consejo Regional”.
La querella menciona nexos entre Alberto Larraín y el gobernador Claudio Orrego. En ese sentido relata que en 2012 Larraín se desempeñaba como director del consultorio de Salud Mental de Peñalolén, municipalidad encabezada entonces por el alcalde Orrego.
De igual forma, citando información de prensa, señalan que Larraín Salas participó en la campaña de Claudio Orrego Larraín, que terminó tercero en las primarias presidenciales de la Nueva Mayoría en 2013.
También exponen que “el 8 de junio de 2022 el Consejo Regional mediante Sesión Ordinaria N° 12, aprobó, con voto dividido, la propuesta del Gobernador Orrego Larraín de nombrar 3 directores para la Corporación Regional de Santiago, la actual ministra del Interior y Seguridad Pública, Sra. Carolina Montserrat Tohá Morales; la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, del gobierno pasado, Sra. Mónica Beatriz Zalaquett Said y el siquiatra Sr. Alberto Andrés Larraín Salas”.
Subrayaron, en el mismo sentido, que el fundador de ProCultura se mantuvo en dicho Directorio hasta el día 6 de julio de 2023, fecha en que presentó su renuncia.
El diputado Irarrázaval manifestó que tomaron la determinación de querellarse porque estiman que la causa no ha tenido el progreso que correspondería a más de un año de iniciadas las pesquisas, pero también dice que el cerco se está estrechando hacia el Presidente de la República, en virtud de los antecedentes que se han ido conociendo.
“Hablar de Procultura es hablar de Gabriel Boric. Si no, no se explica que primero su actual mano derecha, y luego su expareja e incluso su terapeuta y amigo, estén vinculados en el caso a todo nivel. Detrás de ellos sólo está Gabriel Boric”, aseguró.
“¿Acaso queda alguien más detrás? ¿Quién sino él vincula a Alberto Larraín, Miguel Crispi e Irina Karamanos? ¿Quién sino alguien como él ha podido promover a Procultura a lo largo de todo Chile y hasta las más altas esferas? La manera de llegar hasta el final es precisamente siendo parte de esta causa y observar su desarrollo”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Romero afirmó que “lo que ocurrió bajo la administración de Claudio Orrego es un escándalo de proporciones. No sólo se adjudicaron más de 1.600 millones de pesos para una fundación incapaz de cumplir con sus obligaciones, sino que esta decisión revela una falta de transparencia y una permisividad alarmante frente al mal uso de los recursos públicos”.
“Orrego no puede seguir escudándose en excusas cuando los hechos parecen apuntar a una clara complicidad en la entrega de fondos a una red de favoritismos que podrían haber defraudado al Fisco. Serán los tribunales de Justicia los encargados de determinar si la negligencia y corrupción son los sellos que han marcado la gestión del Gobernador Orrego, y que estos hechos no queden impunes”, apuntó.
(Imagen: Diputados Republicanos)
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