"Todos sabemos que al final del día, quienes pagan el impuesto específico, son los consumidores, los trabajadores y las trabajadoras", declaró René Alinco.
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Los diputados René Alinco (ind), Gaspar Rivas (PDG) y Emilia Nuyado (PS), presentaron un proyecto de reforma constitucional, que elimina el impuesto específico a los combustibles en todo el país.
Los legisladores dieron a conocer el proyecto justo después de que desde el Gobierno reiterasen su objetivo de avanzar en los impuestos verdes.
"Efectivamente están en el programa los impuestos verdes (...) la crisis climática es brutal. Hemos tenido el febrero y el marzo más tórrido en la historia del país", indicó a Emol el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, acusando que "hay que hacerse cargo, no hacerse los lesos y actuar en concordancia".
El diputado y autor de la iniciativa, René Alinco, señaló que “hemos presentado este proyecto, para terminar con algo tan injusto, como es el impuesto específico. Todos sabemos que al final del día, quienes pagan el impuesto específico, son los consumidores, los trabajadores y las trabajadoras. Y esto se debe terminar”.
El parlamentario agregó que que “más aún, cuando el gobierno, a través de la ministra de Medio Ambiente, anuncia que va a subir el valor del impuesto específico. Eso significa que va a subir el costo de vida, y esta tan famosa inflación, que algunos dicen que están combatiendo, finalmente la van a fomentar y la van a aumentar, y con esto, lamentablemente va a seguir bajando el poder adquisitivo de los chilenos y chilenas”.
Mientras que pese a ser parte del oficialismo, su par Nuyado criticó que “este no es el momento para subir impuestos”.
Por su parte, Rivas acusó que "todos sabemos que el impuesto específico de los combustibles se estableció el año 1985, luego del terremoto, precisamente para recaudar de manera transitoria, recursos fiscales para poder reparar la infraestructura vial, que estaba destruida producto del movimiento telúrico".
"Sin embargo, este impuesto durante la democracia se mantuvo, porque el Estado se dio cuenta que recaudaba una importante y ‘sabrosa’ cantidad de recursos y, en el intertanto, las carreteras, que se supone que iban a ser recuperadas, pasaron a ser concesionadas. Es decir, hoy no hay una real necesidad de cobrarle a los chilenos este impuesto”, complementó.
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