La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno ingresará un veto a la Ley de Usurpaciones.
En primer lugar, se hará un veto a la autotutela o legítima defensa privilegiada, donde se busca que se apliquen las reglas generales para la detención ciudadana y la legítima defensa. “Se hizo esta modificación salvaguardando que en todo momento puedan actuar las policías, va haber posibilidad de acción en cualquier momento de las policías”, explicó la secretaria de Estado.
En segundo lugar, Tohá precisó que "se hace una modificación de las penas que estaban previstas para hacerlas graduales". "Respecto de la usurpación que se hace con violencia e intimidación, se deja la pena que propuso el Parlamento tal como estaba, que es un presidio menor en su grado medio a máximo. Esa es la pena que propuso el Parlamento y no se toca. Lo que se hace es separar la situación en que en la usurpación no hay violencia e intimidación en las personas, pero sí hay daño en las cosas. Ahí se establece igual pena de cárcel, pero en un grado inferior. Entonces, queda presidio menor en su grado medio. Y en el caso de la usurpación pacífica, donde no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas, (...) lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel, que en este caso sería presidio menor en su grado mínimo, o hay multa", explicó.
Bajo este contexto, los diputados de Renovación Nacional Andrés Longton y Andrés Celis, decidieron alzar la voz en contra de la decisión del Gobierno, criticando duramente el ingreso del veto presidencial al proyecto de ley de usurpaciones, despachado el 30 de agosto del Congreso Nacional.
“El veto del gobierno al proyecto de usurpación, al igual que lo que ocurrió con los indultos, demuestra que el presidente está más preocupado de darle en el gusto a los delincuentes que de proteger a las víctimas de la delincuencia que es lo que debería hacer. Una vez más impone los términos del partido comunista frente a la mayoría del país y del Congreso, lo que es incomprensible e inaceptable”, expuso por su parte el diputado Andrés Longton.
Mientras que, su par Andrés Celis decidió incluso ir más allá, asegurando que la ministra Tohá deberá dar explicaciones y que va a impulsar una interpelación.
“El veto del gobierno del presidente Boric es de verdad una burla a todas las personas y al esfuerzo de años por tener su propiedad. Aquí hay que ponerle un freno a la mafia de las tomas y no avalarlas como hace este gobierno. Aquí la ministra del interior, Carolina Tohá, tiene que dar explicaciones. Sus argumentos son una vergüenza. Aquí no basta con una cartita al presidente y una pataleta, sino que a la ministra del interior hay que interpelarla y es lo que yo personalmente voy a impulsar”, aseguró el diputado por la región de Valparaíso.
“Aquí no hay que ser tibios en defender el derecho a la propiedad de las personas y a su seguridad. Aquí debemos y tenemos que tener claro que está en juego el derecho de las personas a vivir en tranquilidad y el gobierno está jugando de una manera cobarde en contra, y por eso es que la ministra Tohá debe dar explicaciones a todos los chilenos y nosotros como oposición tenemos que defender férreamente a las personas, no basta con tecnicismos jurídicos”, conlcuyó tajante el parlamentario.
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