Según los legisladores Andrés Longton y José Miguel Castro, la medida beneficiaría a más de 180 mil personas que ingresaron clandestinamente al país, contraviniendo las disposiciones de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería.
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Los diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton y José Miguel Castro, integrantes de la comisión de Seguridad, acudieron a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad del proceso de regularización migratoria anunciado por el Gobierno.
Según los legisladores, la medida beneficiaría a más de 180 mil personas que ingresaron clandestinamente al país, contraviniendo las disposiciones de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería.
Argumentan que esta regularización vulnera el espíritu de la normativa migratoria chilena, que establece sanciones claras para quienes ingresan al país de manera irregular.
Asimismo, señalaron que los requisitos propuestos por el Gobierno, como el arraigo laboral, entrarían en conflicto con la legislación actual, que prohíbe que extranjeros en situación irregular ejerzan actividades económicas en el país.
El diputado Andrés Longton manifestó que "sin tener controladas nuestras fronteras ni capacidad de expulsión, ahora el Gobierno pretende regularizar a quienes han incumplido la ley, lo que rechazamos rotundamente. Esto genera un incentivo para nuevos ingresos clandestinos y afecta directamente a los chilenos".
En esa línea añadió que "la ley de inmigración establece claramente que ingresar por pasos clandestinos es una ilegalidad que tiene una sanción específica. Esto no puede ser pasado por alto por el Gobierno, como tampoco el hecho de pedir arraigo laboral, cuando quien ingresa ilegalmente no puede trabajar”.
“No podemos confiar en antecedentes penales provenientes de regímenes como el de Maduro, donde el sistema penal carece de transparencia y está ligado al crimen organizado. Todo esto demuestra que el proceso anunciado es ilegal y dañino para nuestro país".
Por su parte, el diputado José Miguel Castro afirmó que “este Gobierno le mintió al país al asegurar que el empadronamiento biométrico no sería un perdonazo, cuando en la práctica sí lo es”.
“¿Cómo podemos confiar en antecedentes penales provenientes de un régimen como el venezolano, vinculado al crimen organizado y sin garantías mínimas de transparencia?", se preguntó.
"Cuando el Gobierno dice que va a regularizar a quienes ingresaron de manera clandestina, lo que está haciendo es invitar a más personas a cruzar nuestras fronteras ilegalmente. Este mecanismo es ideológico, no práctico, y tendrá consecuencias graves para los servicios públicos y la seguridad de los chilenos.”, añadió.
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