El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, acusó presuntas irregularidades en contratos suscritos con el organismo liderado por la legisladora.
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La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, se refirió a la denuncia del diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, quien acusó presuntas irregularidades en contratos suscritos con la Fundación Daya.
El parlamentario concurrirá este viernes a la Controlaría General de la República para denunciar a las municipalidades de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal por presuntas irregularidades en la rendición de convenios suscritos con el organismo liderado por Gazmuri.
Según la acción que presentará el legislador, estos once municipios transfirieron recursos a la fundación para la implementación del programa de uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria.
En su acusación, el diputado del Partido Republicano detalló que los recursos otorgados corresponden a Tocopilla ($11.828.000), Arica ($17.642.750), Puerto Natales ($8.821.375), Graneros ($10.671.385), Chillán ($35.285.500), Quinta Normal ($11.828.000), Quilpué ($20.845.040), Quilicura ($35.285.500) y Peñalolén ($35.000.000).
“Esta ONG recorrió Chile prometiendo tratamientos con las bondades de la marihuana. Decenas de municipalidades confiaron en ella, la financiaron con cientos de millones de pesos y no recibieron absolutamente nada a cambio. Sólo unas pocas recibieron rendiciones de esos recursos, y son francamente ridículas”, señaló Irarrázaval.
En esta línea, sostuvo que “se gastaron en chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, en estufas a leña para su sede en la región Metropolitana, e incluso, para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri”.
Al respecto, Gazmuri explicó que "este proyecto no fue una externalización de un servicio, sino un proyecto de colaboración en que existían deberes y obligaciones por parte de los mismos municipios para concretar el beneficio del mismo",
En ese sentido, la parlamentaria aseguró que la "Fundación Daya destinó la totalidad de los recursos para los objetivos del proyecto y logró generar las condiciones para su consecución. Los municipios de Quilicura, Chillán, Graneros y Antofagasta lograron activar las acciones necesarias que a cada municipio les correspondía hacer para llegar con los tratamientos a los pacientes de sus comunas, como un espacio de atención con los profesionales capacitados por la fundación Daya, o la recepción de los fitofármacos en sus farmacias comunales".
"Las rendiciones de cuenta se entregaron a todos los municipios participantes en diciembre de 2016 y solo hemos recibido observaciones por parte de cuatro municipios, las que Fundación Daya ha subsanado en su totalidad", agregó.
Asimismo, manifestó que "la falta de acción de algunos municipios ha impedido la concreción del proyecto a pesar de la insistencia de la fundación durante cinco años para que así lo hicieran. Lamentamos que la falta de compromiso de algunos, como el propio diputado Irarrázaval cuando era concejal de Calera de Tango , haya dejado sin esta posibilidad a sus vecinos. Fundación Daya cumplió logrando todos los permisos y realizando las capacitaciones a equipos de salud municipales".
"Por último, queremos reconocer a los municipios que con convicción y coraje han llegado a buen puerto con la entrega de los tratamientos. Era cosa de voluntad", acotó.
De esta forma, apuntó a quien realizó la denuncia y planteó que "acá parece que lo único que se hizo humo fue el compromiso del diputado Irarrázaval que cuando fue concejal de la comuna de Calera de Tango, no hizo nada por los pacientes que debieron recibir los tratamientos que fueron parte del proyecto. El diputado fue parte del concejo municipal que aprobó este proyecto y por su inacción, por no haber hecho lo necesario por darle seguimiento y cumplimiento a este programa, dejaron a más de cien pacientes sin su tratamiento gratuito de cannabis".
PURANOTICIA
