La afectada habría señalado que la medida judicial está basada “en los actos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo de los que fui objeto durante la relación contractual”.
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La denunciante del ex subsecretario Manuel Monsalve presentó en el 2° Juzgado de Letras de Santiago una medida prejudicial para demandar al Estado de Chile. El tribunal acogió la acción judicial y dio plazo a la afectada para presentar los antecedentes.
Según informa La Tercera, la denunciante es representada por el Estudio de Abogados RFU, integrado por Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa. La gestión, como se lee en el mismo documento, es con miras a emprender una eventual demanda contra la Subsecretaría del Interior a raíz de los hechos que denunció ante el Ministerio Público el pasado 14 de octubre y por los cuales Monsalve se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
"Con el fin de preparar las eventuales acciones que se podrían ejercer, en especial la de tutela de derechos fundamentales con relación funcionaria vigente (...), vengo en deducir medida prejudicial probatoria en contra de Fisco de Chile”, indica el texto.
“La presente solicitud se funda en los actos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo de los que fui objeto durante la relación contractual con la requerida, tras ser víctima de actos constitutivos de estos mismos, así como delitos de violación y abuso sexual durante la noche del 22 a la madrugada del 23 de septiembre del 2024, actos perpetrados por mi jefatura directa, esto es el ex subsecretario del Interior, con ocasión de la labor, episodios que en sí mismos afectaron gravemente mi integridad física y psíquica e intimidad, además de mi derecho a la no discriminación y libertad de trabajo”, expuso la mujer de 32 años en medio de la acción que pudo revisar La Tercera.
La funcionaria asegura que tras dichos sucesos ha enfrentado constantemente nuevos episodios que implican una transgresión de sus derechos. Ha sido objeto, sostiene, de diversas acciones y presiones que dañan su integridad, sin que su empleador, el Estado, cumpla con el deber de protección que le corresponde.
Aquello ha quedado de manifiesto, complementa en el escrito, “especialmente en el manejo mediático del traumático episodio vivido y las acciones posteriores emprendidas; en la incertidumbre laboral -en la actualidad me encuentro vinculada a través de un Convenio a Honorarios a Suma Alzada-, y la falta de especificación de las condiciones contractuales que se mantendrán tras mi reintegro al término de mi reposo por enfermedad, entre múltiples aspectos revictimizadores y de incertidumbre laboral que me exponen a constantes riesgos psicosociales”.
Por medio de la acción, además, la denunciante advierte que antes de que tuvieran lugar los hechos por los que el otrora militante socialista fuera denunciado, la repartición que aún integra no había implementado acciones para evitar que situaciones del tipo tuvieran lugar.
“El Estado de Chile no implementó ninguna medida preventiva para evitar que estos ocurrieran, lo cual consagra el origen laboral de lo vivido y la necesidad de reparar los efectos de los mismos, como el evitar que se perpetúe un ambiente susceptible de vulneraciones a derechos fundamentales, especialmente con posterioridad a las conductas sufridas durante la vigencia de la vinculación contractual”, advierte.
Por lo mismo, e insistiendo en que se están vulnerando sus derechos fundamentales -en particular a la integridad física, psíquica, a la no discriminación, vida privada y a la libertad de trabajo-, adelanta que eventualmente (y entre otras medidas) emprenderá “la acción de tutela de derechos fundamentales con relación laboral vigente consagrada en el citado artículo 485 del Código del Trabajo y acción declarativa de relación laboral de conformidad a lo establecido en el artículo 7 y 8 del Código del Trabajo”, dirigida específicamente en contra de la Subsecretaría del Interior.
Para concretar dichas medidas, se menciona en el documento, la denunciante de 32 años pide contar con los medios de prueba necesarios para ejercer la misma. Para ello pidió al juzgado que se recaben una serie de antecedentes.
“Los fundamentos de la solicitud dicen relación con la necesidad de detentar información completa y suficiente respecto de toda la situación que afronto y seguiré afrontando, y con ello acreditar, a mi juicio, las vulneraciones reprochables cometidas por la Subsecretaría del Interior. Asimismo, dicen relación con el objeto de cumplir con el estándar procesal que tiene el procedimiento de tutela laboral”, manifiesta.
De esta forma, solicitó 27 documentos que se puedan exhibir. Entre ellos pidió copia de los correos electrónicos entre ella y el exsubsecretario del Interior; la agenda laboral de ambos de 2024; información de viajes efectuados por ambos y reservas de hotel; reglamentos, protocolos y procedimientos de investigación en materia de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo; medidas de resguardo implementadas a su favor; el registro de sanciones aplicadas al presunto acosador; comunicaciones internas de la subsecretaría; sumarios, entre otros.
Ante todo ello, con fecha 27 de diciembre, el citado juzgado dio por acogida la medida prejudicial ordenando al Fisco exhibir todo lo solicitado. Fijó, además, plazo hasta el 27 de enero para que la recurrida presente los antecedentes y así la denunciante pueda hacer las revisiones.
PURANOTICIA
