El abogado Miguel Schurmann explicó que el requerimiento fue presentado al director de la policía civil, el prefecto general Eduardo Cerna, quien “tiene que decidir algo fundamental para nuestra institucionalidad: ¿Cuál es la función del organismo que dirige?”.
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La defensa de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, presentó un reclamo ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras las filtraciones de chats en el marco del «Caso Sierra Bella».
El abogado Miguel Schurmann explicó que el requerimiento fue presentado al director de la policía civil, el prefecto general Eduardo Cerna, quien “tiene que decidir algo fundamental para nuestra institucionalidad: ¿Cuál es la función del organismo que dirige?”.
“El Código Procesal Penal los sitúa como auxiliares de la investigación penal. Su labor en los informes policiales es levantar información de interés criminal”, complementó.
El defensor de la exjefa comunal aseguró que “las opiniones personales en asuntos políticos que incluyeron en sus informes no cumplen con ese estándar. Los policías a cargo de la investigación dejaron de investigar el «Caso Sierra Bella» e indagaron en todas las comunicaciones de la exalcaldesa Hassler”.
Y recalcó que “es función del director de la PDI delimitar el ámbito de actuación legítimo de sus miembros para evitar que su trabajo sea realizado con motivaciones políticas o de otra índole”.
Según consignó radio Biobío, el documento presentado va dirigido contra el comisario Juan Medel y el subcomisario Manuel Sáez, funcionarios de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI.
En el reclamo, se acusa a los detectives de una “conducta arbitraria y abusiva” y se afirma que en la elaboración del informa “incumplieron de forma grave con sus deberes, vulnerando los derechos fundamentales de protección a la vida privada y a la inviolabilidad de toda comunicación privada de mi representada, doña Irací Hassler Jacob”.
Debido a esto, el abogado Schurmann solicitó la rectificación del informe junto con eliminar las conversaciones que carecen de interés criminalístico.
Asimismo, se pidió iniciar una investigación sumaria, donde se determine y se haga “valer la responsabilidad de los funcionarios indicados y todo otro que haya participado y autorizado este proceder ilícito”.
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