La defensa de la exautoridad en un escrito indican que "al revisar la acusación constitucional, queda en evidencia que existen varios problemas que implican que no se cumple con los requisitos constitucionales para su discusión".
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La exministra de Defensa, Maya Fernández, presentó su respuesta a la acusación constitucional ingresada por parlamentarios de oposición tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
En el escrito, la defensa de la exautoridad aseguró que "los diputados acusadores sostienen erróneamente que la fallida compra por parte del Estado del inmueble que era la residencia del ex presidente Salvador Allende, en Guardia Vieja es una vulneración de la prohibición constitucional”, donde se “dispone que 'Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado'”.
“Su error está en asimilar al Estado a un particular y presentar que la simple firma de la escritura pública ante notario bastaría para destituir a la ex Ministra Maya Fernández. Esto es un error”, indicaron.
Además, afirman que "al revisar la acusación constitucional, queda en evidencia que existen varios problemas que implican que no se cumple con los requisitos constitucionales para su discusión".
Asimismo, indican que "los acusadores imputan responsabilidad por infringir la prohibición que pesa sobre los Ministros de Estado de celebrar contratos con el Fisco. No obstante, en realidad, su libelo ataca otros actos en los cuales no le cupo participación a doña Maya Fernández".
Y plantean que el libelo acusatorio “incurre en un vicio conceptual grave al interpretar que la responsabilidad constitucional de un Ministro de Estado se configura bajo criterios de 'responsabilidad objetiva', es decir, sin necesidad de acreditar una conducta personal dolosa o negligente del acusado, o que siquiera el Fisco hubiera traspasado recurso alguno a Maya Fernández”.
En el documento también se argumenta que "se advierte un uso indebido de la acusación constitucional en el presente caso. En efecto, existe una Comisión Especial Investigadora, que se encuentra en pleno desarrollo, que tiene el mismo objeto de esta acusación: reunir información en relación con el proceso de adquisición por el Fisco de Chile de la casa que fuera propiedad del ex Pdte. Salvador Allende Gossens”.
“El trabajo de la misma comenzó recién el 10 de marzo pasado. Es decir, sesiona en paralelo a la Comisión de la acusación, sin que exista coherencia en el actuar de la Corporación”, complementaron.
PURANOTICIA
