“El fallo no contiene argumentos sólidos”, aseguraron a través de un comunicado los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, encargados de la defensa de la diputada desaforada.
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La defensa de la diputada Catalina Pérez emitió un comunicado cuestionando el fallo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió la solicitud de desafuero de la diputada investigada por los convenios por $426 millones pactados vía asignación directa entre Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda.
“Sostenemos que el fallo no contiene argumentos sólidos que justifiquen su decisión”, dice la declaración de los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo.
La defensa de la parlamentaria sostiene que “la Fiscalía de Antofagasta ha desarrollado una investigación por más de un año y medio, período en el que órgano persecutor ha obtenido abundante evidencia contenida en 33 tomos, los que dan cuenta de la nula participación de la diputada en la adjudicación de los convenios”.
La sentencia del tribunal de alzada nortino fundamentó su decisión de desaforar a la diputada por sus “vínculos políticos, laborales y sentimentales con los otros imputados”, que quedan de manifiesto en la mensajería que fue expuesta por el Ministerio Público en la audiencia.
“Los mensajes de WhatsApp en los cuales fundamenta su solicitud, y que han sido ampliamente difundidos en medios de prensa, son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios ocurrida en septiembre y octubre de 2022. El informe pericial contable de todas sus cuentas bancarias revela que la diputada Catalina Pérez no recibió un solo peso de estos convenios, y todos los testigos que han declarado en la investigación coinciden en que la diputada no tuvo ninguna participación en su asignación”, señaló la defensa.
Asimismo, aseguran que “en ningún caso” el fallo afirma la responsabilidad de Pérez en los hechos, y tampoco su participación, la que refiere en términos únicamente potenciales y eventuales.
“No compartimos los fundamentos de la resolución y apelaremos ante la Corte Suprema. De su análisis, resulta claro que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada Pérez no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación. Estamos convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero y confiamos en que la Corte Suprema acogerá nuestros argumentos”, finalizó el comunicado.
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