El alcalde de Recoleta pidió la nulidad de la investigación que se realizó en su contra en el marco de los traspasos de fondos desde su municipalidad a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
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El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, solicitó la inhabilitación del contralor Jorge Bermúdez, además pidió la nulidad de la investigación que se realizó en su contra en el marco de los traspasos de fondos desde su municipalidad a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Mediante un comunicado, se señaló que la defensa de Jadue apuntó que el sumario fue ordenado por una "autoridad incompetente, lo que implica un vicio de legalidad que afecta todo el procedimiento, lo que redunda en una falta de certeza respecto de la fiscal".
En esta línea, señalaron que se ha trasgredido el debido proceso y la honra del jefe comunal, por "haberse violado el secreto sumario, con grave perjuicio al debido proceso", esto en relación con las declaraciones que realizó el contralor Bermúdez.
Asimismo, solicitaron "la inhabilitación en contra del señor Contralor General por la demostración pública de imparcialidad, colocando al alcalde Jadue y a los funcionarios y funcionarias municipales ante ‘una amenaza inminente de que se vulnere su legítimo derecho a un debido proceso'".
De esta forma, indicaron que en los descargos realizados este jueves ante la Contraloría se solicitó que "se absuelva al Alcalde de Recoleta, en tanto las acciones del Jefe comunal no dañaron el patrimonio municipal, sino que se ejercieron en beneficio de las y los habitantes de la comuna en el marco de la pandemia donde lo que se requería era salvar vidas".
Cabe señalar que este martes, el contralor se refirió a los cargos que formuló la entidad que lidera contra Jadue y comentó que "los cargos son reservados, sólo los conocen los destinatarios de los mismos, pero esta es una notificación de cargos que hizo la Contraloría a partir de un informe de auditoría que también había hecho esta entidad, y que fueron notificados el 6 de julio".
Además, explicó que el rol de Contraloría es determinar si existen o no responsabilidades administrativas y es ahí donde "efectivamente hay irregularidades que son relevantes".
Sin embargo, declinó dar más detalles sobre los cargos debido a que ahora se abre "un periodo de descargos por parte de los inculpados -uno de ellos el alcalde- y luego se debe determinar cuál es la sanción".
Pese a esto, detalló que dentro de las irregularidades detectadas figuran "falta de control de gastos, gastos no acreditados, convenios que falta y falta de supervisión desde el punto de vista jerárquico".
PURANOTICIA
