El subsecretario del Interior aseguró que esto “es una decisión del Estado de Chile que se evaluará conjuntamente con la Cancillería".
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El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la formalización de más de una decena de miembros de «Los Piratas de Aragua», quienes estarían involucradas en el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
En conversación con Pauta, la autoridad detalló que “las investigaciones policiales contra el Tren de Aragua y cualquiera de sus facciones comenzaron en 2021. Hasta hoy tenemos alrededor de 307 personas detenidas con un perfilamiento que las policías lo tienen muy claro”.
“Parte de la formalización que se está haciendo estos días es a un grupo de personas, que tanto los fiscales como las policías los tenían identificados respecto de otros delitos”, añadió.
La autoridad afirmó que “un número no menor de estas personas ingresar regularmente a Chile en 2019 y obtuvieron visa en nuestro país. Por lo tanto, de alguna manera, algunos de ellos tenían datos en nuestro país y vivían, entre comillas, como ciudadanos normales”.
En cuanto al crimen de Ojeda, indicó que “las características de este delito, que un inicio parecía un secuestro extorsivo, pero que no se cumplió como tal porque nunca se pidió rescate”.
“La logística que tenía acompañada (…) fue descartando esa hipótesis hasta poder identificar que este podía haber sido un crimen por encargo y su móvil esencialmente político”, aseveró.
Por otro lado, el subsecretario mencionó que el Estado de Chile está “observando con atención” la opción de enviar los antecedentes a la Corte Penal Internacional (CPI).
“La Corte Penal Internacional funciona sobre un principio de complementariedad, es decir, juzga si en el país en donde se cometió el delito no se produce el juzgamiento. En Chile se está investigando el asesinato del teniente Ojeda”, explicó.
Y agregó que: “Otra cosa distinta es si los antecedentes que se reúnen en esta investigación son indicios o antecedentes útiles para la investigación que la Corte Penal Internacional tiene abierta en el caso de Venezuela”.
Al ser consultado sobre si el Gobierno llevará los antecedentes a la CPI, Cordero aseguró que “es una decisión del Estado de Chile que se evaluará conjuntamente con la Cancillería y que por cierto, tal como ha dicho la ministra Tohá, es un asunto que nosotros estamos observando con atención”.
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