El ministro de Justicia sostuvo que "la ley exime a la Presidencia de la República de algunas obligaciones comunes al resto de la administración".
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El ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió a las declaraciones del contralor de la República, Jorge Bermúdez, sobre la comparecencia del jefe de los asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en la comisión investigadora del «Caso Convenios« ».
“En opinión del Ejecutivo existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el propio Congreso, en materias, por ejemplo, de la Ley de Lobby, que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto”, señaló Cordero.
En esta línea, el secretario de Estado acotó que “no es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas, es cuál es el sistema de rendición de cuentas correcto y adecuado para circunstancias como esta”.
“Esto dejó de ser un asunto que comprometa al señor Miguel Crispi, esto es un asunto que tiene que ver con la Presidencia de la República, y respecto de esta Presidencia en particular no hay nada que ocultar porque todos los asuntos están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades respectivas”, comentó.
De esta forma, la autoridad realizó un llamado a “mirar las consecuencias que tiene para el sistema institucional lo que se está tergiversando en torno al régimen jurídico al cual está sometida la Presidencia de la República”.
Asimismo, apuntó a que, si “el contralor dictamina que las personas que prestan servicio en la Presidencia están sujetas a las mismas obligaciones de rendición que todo el resto de los funcionarios y las autoridades, significa por lo tanto que la Presidencia de la República pasa a tener el mismo estatuto, cosa que hasta ahora ha sido tratado de modo distinto”, planteó.
En cuanto al posible llamado a declarar de Crispi como exsubsecretario de Desarrollo Regional, el titular de Justicia recalcó que “el Ejecutivo considera que esta citación es la correcta y sobre esas actividades le corresponde declarar, porque desempeñó un cargo público asociado a una posición de jefe de servicio”.
“La ley exime a la Presidencia de la República de algunas obligaciones comunes al resto de la administración, admitir una cosa distinta sería en algún sentido desviar los propósitos legislativos que el propio Congreso ha establecido en estas materias”,cerró.
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