La medida se enmarca en lo establecido por la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, normativa que también otorga a la Contraloría facultades para revisar la oportunidad, integridad y veracidad de estas declaraciones.
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Este martes 31 de marzo finalizó el plazo para que autoridades y funcionarios públicos cumplieran con la presentación o actualización de su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).
Este proceso, que además se desarrolló en el contexto de la instalación del nuevo gobierno, es obligatorio para cargos como el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores, parlamentarios y consejeros regionales, entre otros.
Dicha exigencia se sustenta en las disposiciones de la ley N° 20.880, cuerpo legal centrado en la Probidad en la Función Pública y la Prevención de los Conflictos de Intereses. Bajo este marco normativo, la Contraloría General de la República posee las atribuciones necesarias para inspeccionar la veracidad, integridad y el cumplimiento de los plazos de cada uno de los documentos ingresados por los sujetos obligados.
A través del portal digital www.declaracionjurada.cl, se contabilizaron 148.268 declaraciones efectuadas durante el mes de marzo. Del total mencionado, 2.963 corresponden a instituciones autónomas, mientras que 145.305 están sujetas a la fiscalización directa del ente de control. Estas cifras elevan a 154.431 el número de documentos registrados en el sistema desde el 1 de enero de 2026.
Respecto al procedimiento administrativo, los jefes de servicio disponen de un margen de 30 días, contados desde que toman conocimiento de las DIP de su personal, para remitirlas formalmente a la institución fiscalizadora. Posteriormente, el Departamento de Evolución Patrimonial y Declaraciones será el encargado de ejecutar el análisis exhaustivo, evaluando tanto el fondo de la información como la puntualidad en su entrega.
En términos históricos, desde que la plataforma tecnológica entró en funcionamiento en septiembre de 2016 hasta el pasado 31 de marzo, la Contraloría ha procesado un volumen total de 1.481.242 declaraciones de intereses y patrimonio.
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