El oficio fue denegado debido a que Contraloría corroboró que era el organismo quien debía acreditar las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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Tras las irregularidades detectadas en la entrega de pensiones de gracia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó a la Contraloría General de la República una solicitud que buscaba reconsiderar el sumario administrativo, la cual fue denegada.
En su solicitud, el INDH argumentó que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
Bajo esta línea, Contraloría indicó que son “una reiteración de aquellos contenidos en su respuesta al preinforme de observaciones, los cuales fueron debidamente analizados en el informe final”.
Ante esto, el oficio fue denegado debido a que Contraloría corroboró que era el organismo quien debía acreditar las víctimas de violaciones a los derechos humanos, asegurando que el INDH contaba con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió”.
Esto, a raíz del informe que entregó el ente fiscalizador a la Cámara de Diputadas y Diputados, en el que se reveló que 19 expedientes de beneficiarios remitidos por el INDH no presentaban antecedentes médicos, o estos eran poco legibles, no tenían diagnóstico, o simplemente no correspondían.
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