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Sin embargo, el ente contralor dictó un instructivo con miras a "perfeccionar" criterios sobre lobby.
La Contraloría General de la República se pronunció respecto a las reuniones que sostuvieron algunos ministros en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett, esto luego de oficios remitidos por los diputados Francisco Pulgar y Rubén Oyarzo.
El ente contralor concluyó que no hubo omisiones respecto de la Ley de Lobby por no haber registrado las citas en el domicilio del lobbista.
El documento del organismo señala que "a la luz de lo sostenido en los precitados dictámenes, referidos a situaciones de similar naturaleza, y teniendo presente el principio de certeza jurídica, no resulta posible observar las omisiones de registro que se reclaman en base a una interpretación administrativa distinta a la aplicada en la jurisprudencia obligatoria que esta Entidad de Control mantenía vigente para toda la Administración al momento de la ocurrencia de tales hechos".
Sin embargo, hicieron presente que, como se observaron elementos que darían cuenta que dichas reuniones sí podrían constituir lobby, dispusieron nuevas medidas tendientes a “perfeccionar los criterios jurisprudenciales de esta Contraloría en la materia, emitiendo instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos de la Administración del Estado y a otras entidades sujetas a su control, sobre aspectos centrales del cumplimiento de dicha ley”.
La entidad sostuvo que "luego del análisis efectuado, esta Contraloría General advierte que se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades constituirían lobby, en tanto se desarrollaron a instancias de una persona que figura registrada como sujeto activo, con la participación de autoridades que poseen el carácter de sujetos pasivos y, además, se abordaron temas propios de las respectivas Secretarías de Estado".
No obstante, se descartaron irregularidades u omisiones porque “a la fecha, no consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones a que alude el artículo 5° de la Ley de Lobby, como lo exigen la ley y la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General ya reseñada”.
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