Entre las conclusiones del informe, se aborda el caso de la salida de la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, quien dejó su cargo en medio de rumores por conflictos internos con la extitular de la cartera de Seguridad.
La Comisión Especial Investigadora sobre los actos de Gobierno en el caso de la exministra Trinidad Steinert aprobó el informe final donde se le reprocha que vulneró el principio de probidad administrativa.
Entre las conclusiones del informe, se aborda el caso de la salida de la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, quien dejó su cargo en medio de rumores por conflictos internos con la extitular de la cartera de Seguridad.
Según lo anterior, el documento apunta a que la exsecretaria de Estado habría incumplido la función legal de asesoría al Presidente en la conformación de los Altos Mandos, ascensos y retiros de las policías.
“Si la exministra no participó de la decisión de llamar a retiro a la prefecta general Consuelo Peña, la única conclusión posible es que la exministra no cumplió la primera función a la que está llamada por ley respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, señala el texto.
Asimismo, se indicó que Steinert “excedió las facultades que le entregaba la ley” respecto de la solicitud de información de funcionarios de PDI y que, “más allá del reproche administrativo que realiza la Contraloría, los invitados a esta comisión especial investigadora dan cuenta de la excepcionalidad e inconveniencia del requerimiento de información de esta naturaleza a la luz de la ley orgánica del ministerio de Seguridad Pública”.
Respecto a la misma petición, la CEI establece que “la exministra Trinidad Steinert infringió el principio de probidad administrativa e incumplió su deber de abstención”.
Respecto a un plan detallado en materia de seguridad, el documento también plantea que este no existe. “Hasta la fecha de este informe no se aportaron antecedentes concretos ni documentos específicos que dieran cuenta de la existencia de dicho plan o programa para la gestión de la seguridad pública y la prevención del delito”, indica.
En esa línea, recalca que “la asesoría presidencial informa que no cuentan con la función de visación de documentos jurídicos emanados del ministerio de Seguridad Pública, sin perjuicio de contar con personal que desarrolla esas funciones”.
“Existen dos conclusiones posibles, ambas de especial gravedad: o bien los asesores presidenciales no ejercieron las funciones para las que están contratados o habiéndolas ejercido no fueron informadas verídicamente a la Comisión Investigadora, y, por tanto, a la Cámara de Diputadas y Diputados”, sostiene el documento.
El diputado socialista Raúl Leiva señaló que se trata de "un reproche que hizo la Contraloría General de la República, ratificado por la Comisión Especial Investigadora y a la vez el haber excedido sus atribuciones legales, infringiendo el principio de legalidad y juridicidad de los artículos sexto y séptimo de la Constitución".
"Más que el tema jurídico y el reproche, llama profundamente la atención que la exministra del Gobierno del Presidente Kast haya sido incapaz de comparecer ante esta comisión, se le citó en cada una de ellas, y se le envía un cuestionario porque siempre aludía a razones personales", indicó.
El parlamentario añadió que "evadir el control constitucional de la Cámara de Diputados, generar obstruccionismo a la opacidad de su labor, solo habla mal de la exministra Steinert, que queda ratificado no sólo por este informe de la Comisión aprobado por mayoría, sino por el órgano contralor".
Leiva recalcó que en la sesión del 14 de octubre, "la Comisión Especial Investigadora acordó por mayoría remitir los antecedentes al Ministerio Público para que eventualmente, si existen hechos que revista características de delito, abrir una causa".
"La propia contralora señaló en la comisión de que efectivamente el remitir los antecedentes sólo correspondía a la Contraloría en caso malversación de caudales públicos. No es el caso, así que se remitió al Ministerio Público y esperamos que revise esos antecedentes y si da lugar a formación de causa así lo realice", sentenció.
PURANOTICIA