Los proyectos buscan establecer la obligación de información respecto de las transferencias de organismos del Estado, a fundaciones sin fines de lucro reguladas por la ley 20.500.
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La Comisión de Gobierno Interior inició la discusión de cuatro proyectos de ley en materia de regulación de recursos públicos asignados a fundaciones y organizaciones no gubernamentales; y del deber de informar respecto del financiamiento y aportes recibidos de parte de privados.
Esto se produce luego de que se hiciera público el caso Democracia Viva en Antofagasta y las posteriores investigaciones en al menos nueve regiones de Chile.
Los proyectos buscan establecer la obligación de información respecto de las transferencias de organismos del Estado, a fundaciones sin fines de lucro reguladas por la ley 20.500.
Además, proponen una modernización de la legislación existente que fija requisitos que deben cumplir las organizaciones privadas que reciben financiamiento público. Asimismo, buscan establecer requisitos específicos para sus socios, elementos de acción pública, publicidad de sus actos, entre otros.
Junto con ello, incorporan obligaciones para las personas jurídicas a fin de garantizar el buen uso y destino de los recursos públicos que perciban. La idea es establecer nuevos estándares de transparencia y de información pública. Además de disponer de sanciones ante el incumplimiento de estas nuevas exigencias.
La diputada Daniela Cicardini (PS), autora de la iniciativa (boletín 16,075), detalló que buscan establecer que el registro nacional de personalidad jurídica sin fines de lucro sea de total dominio y acceso público. Además, que las organizaciones y fundaciones tengan una antigüedad de 2 años para recibir fondos públicos y transparenten su trabajo a través de sus plataformas.
Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD) autor del proyecto (boletín 16.063) señaló que la iniciativa busca modificar la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, con el propósito de incorporar lo que propone la ley sobre acceso a la información pública. “Estas dos leyes permitirán estandarizar el régimen de acceso a la información sobre transparencia activa como pasiva, resguardando el interés de la Nación frente a la ejecución de programas sociales o iniciativas de apoyo a la comunidad”, enfatizó el parlamentario.
En la sesión expuso el Académico y ex presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. El personero se refirió a la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.
Informó que es una obligación de los funcionarios públicos responder por sus actos. Asimismo, el garantizar la transparencia y la integridad en el ejercicio de sus funciones. “Esto implica que los líderes políticos y los servidores públicos deben ser responsables de sus acciones y decisiones. También, deben rendir cuentas ante la sociedad y los ciudadanos”.
Señaló que la rendición de cuentas es un acto que se realiza día a día a través de la transparencia. “La autoridad no puede elegir que información compartir, deben compartir la información que está obligado hacer; sino lo hace puede ser sancionado”.
Acoto que el efecto preventivo de la corrupción cambia el comportamiento de los funcionarios ante la expectativa de quedar expuestos. “Es un proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos, por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización”.
Drago, indicó que una propuesta global para ordenar las organizaciones sin fines de lucro en materia de transparencia debe estar enfocada en estándares de montos e información. La idea es que se active una obligación de transparencia activa.
(Imagen: Cámara de Diputados)
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