El gremio cuestionó un instructivo de la Dirección de Educación Pública que ordena fusionar cursos y ajustar dotaciones, acusando vicios de legalidad.
El Colegio de Profesores de Chile recurrió a la Contraloría General de la República para cuestionar el Ordinario 2622 de la Dirección de Educación Pública (DEP), documento que "instruye graves medidas" como la fusión de cursos y ajustes en la dotación docente, entre otras disposiciones que, según el gremio, podrían afectar el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
El presidente del gremio, Mario Aguilar, aseguró que el documento contendría “una serie de vicios de legalidad”, debido a que, a su juicio, “se atribuye al director de Educación Pública facultades que no tiene respecto de instruir sobre dotación de personal o sobre materias técnico-pedagógicas que aún no han sido suficientemente trabajadas en los planes anuales”.
También cuestionó el actuar de la Contraloría frente a estas medidas y afirmó que espera que la contralora general, Dorothy Pérez, “tenga la misma celeridad con este actuar ilegal de la Dirección de Educación Pública que la que ha tenido con los docentes en distintas materias”.
En tanto, la secretaria del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, Rosa María Montecinos, señaló que la presentación busca defender las dotaciones docentes necesarias para responder a las necesidades de cada establecimiento.
“Las dotaciones docentes requieren de sus profesionales para trabajar en las escuelas de acuerdo a las necesidades de los establecimientos”, afirmó.
La dirigenta agregó que la definición de las dotaciones debe considerar instrumentos y programas vinculados al funcionamiento de las comunidades educativas, como el PIE, PADEM y PAL.
“Se debe entender, además, que las construcciones de las dotaciones docentes se hacen en vinculación con los PIE, PADEM, PAL y el programa PIE. Entonces, no pueden ser los recortes presupuestarios los que determinen cuáles son los profesionales que se requieren”, sostuvo.
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