Los parlamentarios exigieron levantar el secreto bancario de los participantes en el escándalo, y citar a declarar a 3 ministros de Estado, adelantando la presentación de una querella criminal por un eventual fraude al Fisco contra todos los que resulten responsables del hecho.
Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira, anunciaron que mañana jueves solicitarán a la Fiscalía allanar todos los inmuebles que estén a nombre de la fundación Democracia Viva.
¿La razón? La indagatoria de oficio iniciada por el Ministerio Público por los tres convenios Serviu de casi $426 millones adjudicados por la fundación, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
La polémica estalló debido a que los contratos fueron firmados por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien fue jefe de gabinete de Pérez y debió renunciar al cargo después de que se diese a conocer la situación.
Por otro lado, los parlamentarios UDI exigieron levantar el secreto bancario de los participantes en el escándalo, y citar a declarar a los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social), Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno) por la relación que mantienen con dicha fundación, como también a Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo) por su responsabilidad como superior de la cartera.
“Cuando los tres principales involucrados en este escándalo deciden renunciar a sus cargos, es porque estamos hablando de algo serio que, a nuestro juicio, podría ser constitutivo de delito. Y si la Fiscalía lo entiende así, es indispensable que se adopten cada una de estas diligencias investigativas, hasta llegar a las últimas consecuencias de este caso”, declararon a La Tercera los diputados Coloma y Moreira.
Siguiendo la misma línea, la bancada UDI presentará una querella criminal por un eventual fraude al Fisco contra todos los que resulten responsables del hecho. "Desde la oposición, vamos a buscar cada uno de los 426 millones de pesos y se los vamos a devolver a la ciudadanía", afirmó el diputado Jorge Alessandri.
El gremialista emplazó al Presidente Gabriel Boric a presentar la misma acción judicial, asegurando que “esto también involucra al Gobierno, y él tiene la obligación de hacerse parte de este proceso”.
SESIÓN ESPECIAL
El Partido Republicano, por su parte, pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar el caso de los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
"Venimos a solicitar se cite a sesión especial para el día martes 4 de julio de 2023 o para la fecha que usted estime conveniente, de conformidad a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Corporación, con el objeto de analizar y discutir sobre las acciones y medidas adoptadas por el Gobierno y el Ministerio de Vivienda en razón del escándalo de la asignación directa de 426 millones de pesos a la fundación por parte de la Seremi", informa una carta enviada al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic.
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