El 23 de diciembre pasado, el tribunal de alzada antofagastino acogió a trámite la solicitud de desafuero presentada por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, por presunto fraude al fisco en el convenio entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva en 2022.
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta revisará este lunes en la mañana la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez por el caso Democracia Viva. De ser acogida la petición, la Fiscalía de Antofagasta tendrá luz verde para formalizar a la parlamentaria por fraude al fisco.
El 23 de diciembre pasado, el tribunal de alzada antofagastino acogió a trámite la solicitud de desafuero presentada por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, por presunto fraude al fisco en el convenio entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva en 2022.
Para la fiscalía, el desafuero es el paso legal necesario para avanzar en la formalización y la solicitud de medidas cautelares contra Pérez, con base en los antecedentes recopilados que implican su participación en los delitos.
En esta causa, el 14 de enero pasado, el Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse contra la diputada Pérez por su participación en calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco. La decisión determinó, también, la participación del CDE en la audiencia de desafuero.
La querella del CDE sindica a la parlamentaria como responsable en calidad de cómplice de fraude al Fisco reiterado, delito por el cual ya están formalizados su expareja Daniel Andrade (representante de la Fundación Democracia Viva), el ex seremi Carlos Contreras y la concejala Paz Fuica.
Según la querella, la diputada Pérez intervino para que Contreras y Fuica, todos militantes de Revolución Democrática al momento de los hechos, "incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de los convenios y, además, que fuese efectivamente elegida para adjudicarse la suma de $426.000.000 mediante la transferencia directa de la totalidad de fondos públicos”.
Además, intervino personalmente “para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva mientras que su pareja, el Sr. Andrade Schwarze, tenía plenas facultades de administración y disposición de la suma antes dicha a fin de que no se conociera ante terceros la celebración de dichos convenios en circunstancias fraudulentas previamente descritas y que, además, dicho proceso de suscripción y posterior ejecución de los convenios apareciese respaldado por documentos y actuaciones inexistentes, lo que le permitiría a su pareja y amigos mantener oculto el delito que se venía cometiendo”.
PURANOTICIA
