El titular de la cartera de Justicia calificó como grave la demora en informar el hallazgo de la mujer en Argentina y anunció un sumario administrativo en la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, insistió en la gravedad del hallazgo de Bernarda Vera en Argentina, en circunstancias que figuraba como víctima de desaparición forzada en el Informe Rettig y no descartó que el Estado pueda exigir la devolución del dinero entregado en pensiones.
“Este caso demuestra que la Subsecretaría de Derechos Humanos está en lo correcto cuando ha instruido una revisión de las situaciones que se encuentran hoy día en esas nóminas, para evitar que existan otros casos en los cuales puedan existir errores", aseguró el secretario de Estado en entrevista con radio Infinita.
Aseguró que “esta es una situación que se conoció en la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Plan nacional de Búsqueda en marzo del año 2024 y recién en el mes de junio del año 2025 se pone en conocimiento el ministro en visita extraordinario, Álvaro Mesa".
“Hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente, y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta, es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo, y eso nos parece grave", añadió el ministro.
Añadió que "otra medida que vamos a adoptar también, es fortalecer las personas que trabajan en el Plan Nacional de Búsqueda para poder revisar, precisamente, las situaciones de los procesos judiciales que actualmente se siguen, a objeto de no encontrarnos con otro caso como este".
Ante la pregunta de por qué no se informó el caso de Vera oportunamente, el ministro comentó que "hay que preguntarle a quiénes tuvieron la información y no la entregaron, y eso me parece grave".
"Nosotros removimos a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda cuando llegamos en marzo del año 2026, fundado en la causal de falta de confianza, y la nueva jefa, entre el primero de abril del año 2026 y fines de julio del año 2026, logra que, precisamente, se materialicen estos exámenes de ADN y pueden llegar a esta realidad. Es decir, en tres meses se hizo lo que no se obtuvo en casi dos años", contó.
E indicó que "el ministerio, la conclusión que debe sacar, conforme a la normativa vigente, es iniciar un sumario administrativo para que ahí se establezcan las responsabilidades que correspondan".
Además, no descartó que tengan que restituirse recursos: "El Estado de Chile, el fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, está en la situación de requerir todo pago quien no tenga una causa que lo justifique. Con independencia, de si quién lo recibió está de buena o mala fe. Es una cuestión de orden objetivo", dijo.
También se le consultó si el caso de Bernada Vera abre dudas respecto a la confiabilidad del Informe Rettig, a lo que respondió que "evidentemente, cualquier listado con muchas personas de cualquier naturaleza va a tener falencia. El problema es que no es uno. Al menos, hay nueve que se determinaron con anterioridad, y, si le agregamos casos de duplicidad, llevamos 12".
"Frente a una duda razonable, ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Investigar. Por eso es que el Plan Nacional de Búsqueda va a fortalecerse en el sentido de que más personas estén analizando estos listados, objeto de que no existan dudas", aseguró.
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