La norma intenta apoyar la sobrecarga financiera de las familias que no pueden cumplir sus compromisos económicos, junto con un nuevo programa de garantías para refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales dentro del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes).
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La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento y que incluye medidas para evitar los llamados “autofraudes” bancarios.
Entre sus objetivos, la norma intenta apoyar la sobrecarga financiera de las familias que no pueden cumplir sus compromisos económicos.
En esa línea, crea un nuevo programa de garantías para refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales dentro del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes).
La iniciativa está focalizada en la clase media e incentiva a las instituciones financieras a repactar las deudas de quienes presenten una relación deuda-ingreso riesgosa.
Además, la propuesta crea un nuevo mecanismo para el pago mínimo en tarjetas de crédito. Este consiste en traspasar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la facultad de determinar la fórmula para el cálculo de esa cuota mínima. La idea es resguardar que los pagos de las personas se destinen preferentemente a la amortización de capital y no sólo a intereses.
Además de las normas de apoyo al sobreendeudamiento, el proyecto contempla medidas para evitar los llamados “auto-fraudes” bancarios. La justificación de esta norma es que, desde que entró en vigencia la Ley de Fraudes, que obliga a las entidades bancarias a restituir en un plazo de 5 días los montos no reconocidos menores a 35 UF, las denuncias son un 6.3 veces más altas que antes de la citada ley.
Por esto, ahora se exigirá una declaración jurada del usuario y una denuncia ante una autoridad penal, para hacer efectiva la reclamación por fraude en operaciones. Asimismo, podrán ser sólo las transacciones efectuadas hasta 60 días anteriores a la denuncia.
Igualmente, se faculta a la CMF para regular los estándares mínimos de seguridad, registro y autenticación de usuarios. Junto a esto, permite ajustar de modo más expedito y periódico el monto a restituir, entre 15UF y 35UF ($558.000 y $1.300.000 app).
También se extiende el plazo para efectuar la restitución de los fondos bajo las 35UF, de 5 a 10 días. Además, se permite la suspensión de la restitución de los fondos reclamados por antecedentes de dolo o culpa grave por parte del usuario.
En el debate, las y los parlamentarios plantearon su inquietud frente a las medidas para evitar los fraudes bancarios. A juicio de algunos, esto afectaría nuevamente a las y los clientes bancarios en beneficio de las instituciones de ahorro y crédito.
Frente a esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, alertó que esto “se ha transformado en una escuela de fraude”. Aseguró que hay muchas personas que generan ingresos económicos “sobre la base de mentir” en cuanto a sus transacciones.
Por aquello, el proyecto mantiene el peso de la prueba en el emisor, pero realiza una serie de ajustes. Por ejemplo, en las denuncias de transferencias entre cuentas con la misma titularidad o “cuando la persona hace un giro de cajero y luego va a una ventanilla a desconocer ese giro”.
PURANOTICIA
