La Sala acogió el texto propuesto por la Comisión de Constitución durante su segundo trámite reglamentario. En esta etapa, la instancia no incorporó nuevas modificaciones al texto aprobado en general.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que restringe los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional. Con esta votación, la iniciativa concluyó su primer trámite constitucional y continuará su discusión en el Senado.
La Sala acogió el texto propuesto por la Comisión de Constitución durante su segundo trámite reglamentario. En esta etapa, la instancia no incorporó nuevas modificaciones al texto aprobado en general.
Entre los principales cambios, la propuesta aumenta de dos tercios a tres cuartos de la condena el periodo que deberán cumplir las personas sentenciadas por determinados delitos graves antes de solicitar la libertad condicional.
Esta exigencia se aplicará, entre otros casos, a condenas por parricidio, femicidio, homicidio, robo con homicidio, violación, secuestro, trata de personas, tráfico de drogas y otros delitos contemplados en el Código Penal.
En el caso de las personas condenadas por determinados delitos cometidos contra integrantes de las policías, Gendarmería, las Fuerzas Armadas o Bomberos mientras cumplían sus funciones, la postulación solo podrá presentarse después de cumplir cuatro quintos de la pena.
Para estos casos se mantendrá, además, la exigencia de haber obtenido una calificación de conducta “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a la postulación.
Respecto de las personas condenadas por asociación criminal o delitos terroristas, estas deberán cumplir tres cuartos de la pena para solicitar la libertad condicional.
También tendrán que demostrar que abandonaron los fines y medios de la organización criminal o terrorista. Junto con ello, deberán firmar previamente una declaración de renuncia al uso de la violencia.
Otra modificación establece que la Comisión de Libertad Condicional deberá escuchar a la víctima o a sus representantes cuando así lo soliciten.
Actualmente, esta audiencia es facultativa y depende de la existencia de fundamentos especialmente calificados. El proyecto elimina esa condición y transforma la audiencia en una obligación para la comisión respectiva.
La propuesta también regula los casos en que una persona beneficiada con libertad condicional recibe una nueva condena por un delito cometido durante la vigencia del beneficio.
Para determinados delitos graves, el tiempo que permaneció en libertad condicional no se contabilizará como parte de la pena cumplida.
Asimismo, establece como nuevo requisito para el beneficio de la libertad condicional no haber recibido una condena en la que se consideraran las agravantes de reincidencia. Para aplicar esta condición no se considerarán las condenas por cuasidelitos.
El proyecto obliga a Gendarmería de Chile a elaborar y publicar anualmente un informe estadístico sobre la aplicación del régimen de libertad condicional, en coordinación con el Poder Judicial y otros organismos públicos.
El documento incluirá el número de beneficios que se otorguen y los porcentajes de reincidencia después de uno, tres y cinco años; la naturaleza de los nuevos delitos; y el tiempo transcurrido entre la entrega del beneficio y una nueva condena, entre otros datos.
Finalmente, la iniciativa fija un plazo de seis meses desde su publicación para realizar las adecuaciones necesarias al reglamento sobre libertad condicional.
Durante el debate, quienes respaldaron el proyecto señalaron que la iniciativa no aumenta las penas, sino que exige cumplir una mayor parte de la condena antes de solicitar la libertad condicional. También valoraron que la gravedad del delito y la reincidencia tengan mayor peso, que aumenten las exigencias para delitos contra policías, integrantes de las Fuerzas Armadas y Bomberos, y que las víctimas o sus representantes puedan ser escuchados. Asimismo, destacaron que, ante la comisión de un nuevo delito, el tiempo transcurrido en libertad condicional no se contabilice como parte de la pena en determinados casos.
Otras intervenciones cuestionaron que el endurecimiento de los requisitos permita, por sí solo, reducir los delitos violentos. Plantearon la necesidad de legislar con base en evidencia, fortalecer la protección de las policías, mejorar la reinserción social, enfrentar la sobrepoblación penitenciaria y entregar mayores recursos al sistema carcelario. También solicitaron avanzar en la creación de tribunales especializados en el cumplimiento de las penas.
PURANOTICIA