La propuesta también busca entregar herramientas que flexibilicen la gestión administrativa y financiera de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
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La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y envió a tercer trámite al Senado el proyecto que busca fortalecer la Dirección de Educación Pública y precisar el rol rector del Ministerio de Educación, creando instancias y mecanismos que favorezcan la coordinación intersectorial.
La propuesta también busca entregar herramientas que flexibilicen la gestión administrativa y financiera de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Para sus fines, el texto perfecciona la Ley 21.040, que creó el sistema de educación pública, así como otros cuerpos legales. Se propone resolver problemas de gestión y de implementación detectados desde la publicación de la citada normativa.
En tal línea, presenta los siguientes ejes:
Entre los temas específicos, se establece la obligatoriedad del Plan de Transición. En este marco, se perfeccionan los mecanismos existentes para su seguimiento y fiscalización. Además, se establece la responsabilidad del alcalde o alcaldesa respecto de su cumplimiento. Adicionalmente, se amplía a dos años el plazo legal para el traspaso y se extiende la posibilidad de solicitar la postergación hasta 2035, en casos excepcionales.
El texto, por otra parte, mejora el proceso de selección de directores ejecutivos y modifica la norma de responsabilidad de estos. Junto a esto, se asegura la creación de oficinas locales ante el cumplimiento de criterios objetivos, relacionados a la conectividad, distancia y tiempo de traslado.
Otras mejoras en educación pública
Paralelamente, se fortalecen las atribuciones de la Dirección de Educación Pública. La idea es que pueda tomar medidas de prevención de situaciones de crisis en los Servicios Locales. De tal modo, se la hace responsable de coordinar y conducir estratégicamente el sistema, velando por su desarrollo y mejoramiento permanente.
Además, se crea el Fondo de Infraestructura Escolar. Estará destinado al financiamiento de las acciones de construcción, adquisición, reposición, reparación, mantención y renovación de los establecimientos educacionales dependientes de los SLEP. Asimismo, se crea el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Su misión será asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de instalación y del funcionamiento en régimen de los SLEP.
Otros puntos considerados en este proyecto son la Unidad de Infraestructura; los equipos regionales de apoyo para la implementación de los SLEP; el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal y Plan Anual; y el rol fiscalizador de la Superintendencia de Educación Pública en el sistema.
Respecto del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), se amplía para un nuevo periodo de funcionamiento entre 2026 a 2029, lo que irrogará un mayor gasto fiscal de $100.000 millones anuales.
Entre los temas introducidos en este segundo trámite se pueden mencionar:
Debate
En los testimonios se planteó la necesidad de efectuar estas modificaciones para enfrentar los diversos problemas de diseño detectados en la ley vigente. Entre ellos, se observó deficiencias en infraestructura, financiamiento, coordinación, capacidad resolutiva y con los directores de los SLEP. También se criticó falta de mirada regional en la implementación del sistema.
En tal plano, se estimó que fortalecer la educación pública es una tarea relevante para el Estado, avanzando en mejores condiciones para las y los estudiantes. Así, se consideró que la propuesta avanza en la línea correcta, haciéndose cargo con responsabilidad de un proceso complejo.
Otra visión evaluó que la iniciativa no responde de forma efectiva a los problemas estructurales. De tal modo, se planteó que solo constituye un parche a un sistema fallido. Además, se sostuvo que durante el trámite no se acogieron propuestas de la oposición para mejorar el texto.
Asimismo, se criticó que el proyecto afecta el derecho de propiedad de los municipios, con el traspaso gratuito de los inmuebles, sin mediar pago alguno. Igualmente, se refutó que se impida a las municipalidades que han tenido un buen desempeño en la materia, mantener la tutela de sus establecimientos educacionales.
Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió la propuesta y remarcó que no es fruto de la improvisación. Así, afirmó que recoge recomendaciones de expertos de diversas visiones y que contó con un largo proceso de diálogo. Adicionalmente, recordó que la iniciativa se aprobó unánimemente en el Senado y que contó con una basta discusión en la Cámara. “Es un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional”, sentenció.
También enfatizó que no se busca parchar sino impulsar soluciones concretas y articuladas, rompiendo fallas sistémicas.
En las votaciones, el proyecto se aprobó tanto en general como en particular, incluyendo las normas de quórum especial. Igualmente, se respaldaron los artículos con solicitud de votación separada. Tras ello, el diputado Hugo Rey hizo reserva de constitucionalidad aludiendo afectación del patrimonio físico de los municipios con el traspaso de inmuebles.
PURANOTICIA
