La moción respaldada en general busca tener más claridad, transparencia y probidad, cuando estén en juego las garantías constitucionales de las personas. A su vez, se aprobaron todas las normas de quórum y las votaciones separadas solicitadas.
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El proyecto que establece registros y almacenamiento audiovisual para funcionarios de ciertas unidades especializadas de Carabineros y la PDI fue aprobado de forma unánime, con 123 votos a favor, en la Cámara de Diputados y ahora se discutirá en el Senado.
La moción respaldada en general busca tener más claridad, transparencia y probidad, cuando estén en juego las garantías constitucionales de las personas. A su vez, se aprobaron todas las normas de quórum y las votaciones separadas solicitadas.
En su tramitación, se ingresaron modificaciones del Ejecutivo que limitaron el alcance del proyecto. Por razones presupuestarias, la obligación se fija no a todos los funcionarios policiales, sino a quienes integren unidades especializadas, ya sea, en lugares públicos o de libre acceso al público.
Lo propio en casos como la detención en flagrancia, la entrada en lugares cerrados con autorización del particular o el juez, o lugares cerrados sin autorización u orden.
Dichas unidades encargadas serán propuestas por las policías, con aprobación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ello mediante un decreto supremo del Presidente, suscrito además, por el ministro de Hacienda.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “el actual sistema de fondo de inversión para la compra y mantención de videocámara está colapsado. Explicó que la evolución de la tecnología y la mantención es costosa. Por ello, se optó por un sistema de leasing incorporando la reparación y un sistema de streaming”.
A su vez, explicó que “la obligatoriedad para todos los funcionarios policiales tiene un costo de 50 mil millones de pesos anuales. Por ello, se optó por aplicarlo en principio, a los procedimientos más frecuentes con uso de la fuerza o de armas”.
El texto también modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, para señalar que los funcionarios y quien acceda a los registros estarán obligados a guardar secreto. Mientras que, la información obtenida deberá ser reservada.
Según el informe financiero de la norma, se considera un gasto anual fijado en más de 7 mil 400 millones de pesos. Los recursos financiarán la contratación del servicio, que incluye arriendo de 4.443 dispositivos para funcionarios policiales, almacenamiento y streaming. Con un costo aproximado de 1 millón 600 mil pesos por aparato.
En esa línea, se destinarán 2.123 videocámaras a Carabineros y 2.310 para la PDI. Principalmente, para unidades de drogas, de investigación criminal, de robos y delitos violentos. Igualmente, para la unidad de control de orden público respecto al derecho de reunión.
PURANOTICIA
