Cámara aprueba indicación para prohibir a estudiantes sancionados por violencia acceder a gratuidad universitaria

En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputados aprobó una indicación que presentó la Bancada de la UDI para que todos los estudiantes que sean sancionados por cometer actos graves de violencia durante su etapa escolar no puedan acceder a la gratuidad en la educación superior.

En concreto, la propuesta ingresada por los parlamentarios gremialistas fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.

Respecto a su detalle, la indicación -también conocida como “Aula Segura 2.0”- establece que “los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso”.

Lo anterior cobra especial relevancia en medio de los últimos episodios de violencia que han ocurrido en el país, como la grave situación que se produjo al interior del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), donde 36 estudiantes resultaron gravemente heridos -cuatro de ellos en riesgo vital tras la manipulación de bombas molotov, las que posteriormente iban a usarse en manifestaciones.

Los que defendieron la polémica propuesta fueron los diputados de la UDI que integran la comisión de Educación, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, quienes calificaron como “fundamental” poder prohibir el acceso a la educación superior de los estudiantes sancionados por hechos de violencia.

“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos. Una persona que en vez de ir a estudiar se dedica a participar en este tipo de actos, privando a miles de alumnos de su derecho a la educación, no es merecedor de ningún otro beneficio estatal. Por eso es que presentamos esta indicación, para prohibir que todos los estudiantes sancionados por Aula Segura, los famosos ‘overoles blancos’ y los encapuchados sigan dañando el sistema”, señalaron los UDI.

En esa misma línea, Bobadilla y Cornejo cuestionaron que la diputada Daniela Serrano (PC) haya hecho reserva de constitucionalidad, toda vez que la indicación incluso fue aprobada por algunos parlamentarios del oficialismo, entre ellos la propia presidenta de la corporación, Karol Cariola (PC).

“Si queremos realmente proteger la educación pública y sacar del sistema a todos los delincuentes y violentistas, no podemos seguir financiándoles la educación superior. Es lo mínimo que podemos hacer en defensa de todos los estudiantes y apoderados que se han sacrificado por acceder a una buena educación. Por eso es muy lamentable que diputados de gobierno se opongan”, cuestionaron.

PURANOTICIA